¿318 MILLONES de pesos en juego? La sorprendente aventura de Morales que dejará a Jujuy en la cuerda floja. ¡Entérate ya!

La situación legal en torno a la comunidad de Caspalá ha tomado un nuevo rumbo. La abogada de la comunidad, Silvana Llanes, ha solicitado que se declare la desobediencia judicial en la causa, un movimiento que subraya la complejidad y la tensión en este conflicto legal.

A inicios de año, Llanes dialogó con Radio 2, confirmando que se han dado avances significativos en el proceso judicial. En una audiencia, se intimó al Estado provincial para que aborde el problema de la reparación de la cancha, un espacio que es fundamental para la comunidad. La Fiscalía de Estado ha presentado un convenio interadministrativo que destina 318 millones de pesos a las obras necesarias para este fin.

Sin embargo, la lucha no se limita a la reparación de la cancha. Llanes denunció un intento por parte de algunos actores de modificar la presidencia de la comunidad con el objetivo de desestabilizar la querella y entorpecer el proceso legal. Además, se han identificado irregularidades en los padrones de la finca donde se ubica la cancha, lo que ha llevado a la solicitud de que la justicia ordinaria remita el caso a la justicia federal.

Llanes también denunció que la Secretaría de Pueblos Indígenas emitió dos constancias idénticas firmadas por la misma persona, lo que podría constituir un delito. Esta situación ha suscitado preocupaciones sobre la validez y la transparencia de los documentos oficiales presentados en la causa.

Además, se está evaluando la posibilidad de imputar al exgobernador Gerardo Morales por estos hechos, considerándolos como nuevos elementos dentro del expediente judicial en curso. Esta decisión podría tener repercusiones importantes en el ámbito político, dado el papel que Morales ha tenido en la provincia de Jujuy.

Llanes enfatizó que la comunidad está sufriendo una revictimización a medida que avanza este proceso, manifestando que se están utilizando recursos del Estado para validar documentación que se considera irregular. Este punto pone de manifiesto la preocupación sobre cómo se gestionan los derechos de las comunidades indígenas en el contexto actual.

La causa de Caspalá, por lo tanto, no es solo un tema de reparación de infraestructuras, sino una batalla más amplia por los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas en Argentina. La situación invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente de aquellos que históricamente han sido marginados.

El uso de recursos del Estado en favor de causas privadas y la manipulación de la representación comunitaria son cuestiones que revelan las tensiones existentes en la política provincial. La comunidad de Caspalá se encuentra en una encrucijada, donde cada decisión judicial y política tendrá un impacto profundo en su futuro y en la manera en que se perciben los derechos indígenas en nuestra sociedad.