¡Impactante! Brasil reduce muertes violentas, pero feminicidios suben a un escalofriante récord: ¿Qué está pasando?

En 2025, Brasil logró una notable reducción de homicidios por quinto año consecutivo, con una caída del 11% en comparación con 2024. Esto se traduce en alrededor de 34.000 víctimas, es decir, un promedio de 93 muertes por día. Estos números representan el nivel más bajo de violencia en cinco años, dado que en 2020 las muertes violentas superaron las 45.000. Sin embargo, en medio de esta mejora general, resalta un dato alarmante: los feminicidios alcanzaron un nuevo récord histórico, con 1.470 mujeres asesinadas en 2025, lo que equivale a un promedio de cuatro feminicidios por día, superando ligeramente los 1.459 casos de 2024.

La ciudad de San Pablo, por ejemplo, registró 57 feminicidios, marcando un récord desde que se comenzaron a recopilar estos datos en 2015, mientras que en todo el estado se reportaron 207 feminicidios, en comparación con 191 el año anterior.

Estos números son el reflejo de una problemática compleja. Según el Mapa Nacional de la Violencia de Género, alrededor de 3,7 millones de mujeres brasileñas sufrieron uno o más episodios de violencia doméstica en los 12 meses previos a noviembre del año pasado. La mayoría de los agresores son parejas o ex parejas que no aceptan la separación, lo que refleja un patrón de violencia profundamente arraigado. Fabíola Sucasas, de la Fiscalía para la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público de San Pablo, explica: “Aunque la crueldad es un rasgo distintivo de estos crímenes, es el rechazo lo que despierta rabia y odio en el agresor, llevándolo a marcar territorio mediante la violencia”.

El pasado diciembre, una megaoperación de la Policía Civil resultó en la detención de 233 agresores en San Pablo, con 1.400 órdenes de arresto emitidas, subrayando la gravedad del problema de la violencia doméstica en Brasil. El Foro Brasileño de Seguridad Pública reporta que el 64,3% de los feminicidios ocurren dentro de la residencia de la víctima, una tendencia que se ha mantenido constante, mientras que solo el 21,2% de estos crímenes se comete en espacios públicos.

Recientemente, casos como el de Tainara Souza Santos, de 31 años, quien falleció tras ser atropellada y arrastrada por su ex novio, han generado una ola de indignación en Brasil. Este caso, que encaja en la dinámica del “overkill”—donde el agresor mata simbólicamente a la víctima más de una vez—pone de relieve la violencia extrema que enfrentan muchas mujeres. Tainara, quien había sobrevivido a dos intentos de asesinato previos, no resistió las heridas tras 25 días de hospitalización.

El contexto de violencia de género en Brasil es histórico. Un ejemplo emblemático es el caso de Ângela Diniz, asesinada en 1976 por su amante Doca Street, quien intentó justificar el crimen con la tesis del “homicidio en legítima defensa del honor”. Este caso simbolizó el machismo y la impunidad en los crímenes contra las mujeres, y su repercusión ayudó a cambiar el debate público y jurídico en Brasil. La movilización social resultante llevó a un nuevo juicio en 1981, donde Doca Street fue condenado a 15 años de prisión, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género.

La Ley Maria da Penha, promulgada en 2006, fue otro avance significativo en la lucha contra la violencia de género. Esta legislación reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y establece medidas urgentes de protección, así como la responsabilidad del Estado en la intervención. Sin embargo, a pesar de los progresos, aún existen desafíos significativos en la implementación de políticas públicas efectivas y en la supervisión del cumplimiento de las medidas de protección.

La semana pasada, los tres Poderes de la República firmaron un pacto nacional para combatir el feminicidio, con el objetivo de crear un compromiso integrado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A pesar de estos esfuerzos, persiste la falta de comisarías especializadas y un enfoque preventivo que, según la exministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, debería empezar desde la educación en las escuelas.

En un país donde la participación femenina en el mercado laboral es significativamente menor que la masculina (41% vs. 68% en 2025), y donde las mujeres ganan aproximadamente un 21% menos que los hombres, es crucial abordar no solo la violencia, sino también las desigualdades estructurales que perpetúan esta problemática. La Ley 14.611/2023, que busca promover la transparencia salarial, es un paso en la dirección correcta, pero se necesita un esfuerzo continuo para cambiar un escenario que ha perdurado por décadas.