¡Escándalo total! ¿Qué significa la reciente decisión sobre Chiqui Tapia y la AFA? ¡No podrás creer las consecuencias!

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha enfrentado un revés significativo en su intento de cerrar una causa por presunta evasión fiscal que involucra a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros altos funcionarios. La fiscalía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se opusieron a la solicitud de la AFA de archivar el expediente, argumentando que existen fundamentos suficientes para que la investigación continúe.

La AFA había pedido el cierre de la causa alegando la inexistencia de delito. Su defensa se sustentó en una serie de resoluciones del Ministerio de Economía, que han sido prorrogadas en diversas ocasiones, las cuales suspendieron ejecuciones fiscales contra organizaciones sin fines de lucro. Según esta interpretación, las deudas reclamadas no serían exigibles judicialmente.

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, antes de tomar una decisión, solicitó la opinión de las partes involucradas. Tanto la fiscalía como la ARCA coincidieron en rechazar el planteo de la AFA. El fiscal Claudio Navas Rial expuso que, tras revisar el calendario fiscal, la ARCA confirmó que los vencimientos de las obligaciones denunciadas “no sufrieron modificación alguna”. Según explicó, las resoluciones mencionadas por la defensa no alteraron las fechas de vencimiento impositivo ni previsional de los períodos en cuestión.

El fiscal Navas Rial afirmó que el delito penal se configura porque existía una obligación exigible al momento del vencimiento y el contribuyente no cumplió dentro del plazo establecido por la ley. En este sentido, enfatizó que no hay ninguna circunstancia que desincrimine la conducta de la AFA y que el proceso penal debe continuar, independientemente de gestiones administrativas posteriores. “Aceptar la interpretación de la defensa implicaría que resoluciones administrativas puedan extinguir una causa penal, lo que violaría la jerarquía normativa”, advirtió.

Por su parte, la ARCA, actuando como querellante, calificó el pedido de cierre de la causa como “manifiestamente improcedente”. El organismo argumentó que la defensa confunde la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal con la obligación de pagar en término. Aunque las resoluciones del Ministerio de Economía pausaron embargos y ejecuciones, nunca suspendieron ni prorrogaron los vencimientos tributarios. “La AFA seguía obligada a pagar en fecha”, indicó la ARCA, añadiendo que la generación de intereses confirma que la deuda era exigible.

La denuncia inicial apuntaba a una deuda cercana a los $9.500 millones, pero tras una ampliación, el monto bajo investigación supera los $19.500 millones. La hipótesis judicial sugiere que estos fondos podrían haber sido utilizados como mecanismo de financiamiento interno de la AFA. Además de este expediente, la AFA enfrenta otras investigaciones judiciales, incluyendo una por presunto lavado de dinero en Lomas de Zamora, vinculada a una supuesta administración fraudulenta de fondos cobrados en Estados Unidos, y otra que involucra a su tesorero, Pablo Toviggino, por presunto uso de testaferros en un caso de encubrimiento de lavado.

Este desarrollo resalta la creciente presión sobre la AFA y sus autoridades, en un contexto donde la transparencia y la responsabilidad financiera son cada vez más exigidas por la sociedad. Las implicaciones de estas acusaciones no solo afectan a la AFA en términos de reputación, sino que también plantean serias preguntas sobre la gestión de recursos en una entidad que juega un papel crucial en el fútbol argentino.