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En un giro significativo en las negociaciones sobre la reforma laboral, el Gobierno argentino ha aceptado varios cambios en su proyecto original para asegurar el apoyo necesario en el Senado. Este nuevo dictamen, que incluye al menos 28 modificaciones respecto a la iniciativa inicial, es el resultado de intensas negociaciones con gobernadores, bloques dialoguistas, sindicatos y cámaras empresariales.

Las concesiones realizadas buscan destrabar las resistencias y contar con los votos de las provincias para avanzar con una propuesta que promete una transformación profunda del sistema laboral argentino. Entre los cambios más destacados, se encuentra la eliminación de la reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, un punto que había sido rechazado por los gobernadores debido a su potencial impacto negativo en la recaudación provincial. Esta modificación fue clave para mantener el respaldo de los mandatarios locales en el tratamiento de la reforma.

Cambios en el financiamiento sindical y los derechos laborales

Otro aspecto importante del dictamen modificado es el mantenimiento del aporte patronal del 6% destinado a las obras sociales sindicales, descartando la intención previa de reducirlo al 5%. Además, se eliminaron los artículos que proponían modificar los mecanismos de recaudación de cuotas sindicales, una demanda central de la CGT y otros sectores del movimiento obrero. La “cuota sindical” continuará siendo compulsiva, con un tope del 2% del salario mensual por un plazo de dos años, aunque disminuirá al 0,5% en el caso de aportes a las cámaras empresarias. A partir de 2028, estos aportes patronales a cámaras empresariales pasarán a ser voluntarios.

En cuanto al sistema de indemnizaciones, el nuevo texto mantiene la creación de un Fondo Laboral Alternativo (FAL), aunque en una versión más moderada. Este fondo será financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales que actualmente se destina a la ANSES. La versión original contemplaba un 3% para todos los empleadores, pero el nuevo dictamen establece un 1% del salario para grandes empresas y un 2,5% para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, se contempla que el Poder Ejecutivo pueda ampliar el esquema en un 0,5% si fuera necesario para cumplir con el déficit fiscal, aunque requerirá la intervención del Congreso.

Respecto a la protección de los recursos provinciales, el nuevo dictamen incorpora ajustes vinculados a la distribución de recursos tributarios, buscando evitar impactos negativos en las finanzas locales. Este aspecto fue crucial para sumar apoyos políticos y garantizar el avance del proyecto en el Congreso.

El texto final también preserva la continuidad de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se formalice un acuerdo para transferir sus competencias a la Ciudad de Buenos Aires, evitando así posibles conflictos institucionales en el funcionamiento del sistema judicial laboral. Sin embargo, se elimina la posibilidad del pago de salarios a través de billeteras virtuales, una medida impulsada por las entidades bancarias que realizaron un fuerte lobby al respecto.

Además, el nuevo dictamen introduce cambios que reducen derechos laborales en casos de enfermedad o accidente, estableciendo que si la imposibilidad de trabajar se origina en una actividad voluntaria y consciente del trabajador, este solo podrá percibir el 50% de su sueldo. También se incluyen artículos para regular el aviso de enfermedad y los controles médicos, otorgando al empleador la facultad de designar médico y utilizar juntas médicas ante discrepancias.

En lo que respecta a la derogación de estatutos, se mantiene la derogación de cinco estatutos una vez transcurridos seis meses desde la sanción de la ley, destacando la insistencia en derogar el artículo 43 del estatuto del periodista profesional, que regula las metodologías de despido sin causa en los medios de comunicación.

Por último, se posterga hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación del fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas, y un 25% de la recaudación del ENACOM.