¡Impactante! Federico Gutiérrez y 10 alcaldes exigen respuestas urgentes sobre el colapso de salud en la Nueva EPS - ¿Qué oculta el Gobierno?

Las ciudades capitales de Colombia están al borde de un colapso generalizado en su sistema sanitario. En una reunión extraordinaria, los secretarios de Salud de estas ciudades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que tome medidas inmediatas ante la crisis financiera y operativa de la Nueva EPS, la entidad que alberga el mayor número de afiliados en el país.

Durante la sesión de Asocapitales, los representantes del sector sanitario expresaron su preocupación por la disponibilidad y calidad de los servicios médicos. En su manifiesto, enfatizaron que se necesita una respuesta rápida del Gobierno para abordar esta situación crítica.

Un punto destacado del encuentro fue la mención de una acción popular interpuesta en mayo por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien demandó al Gobierno nacional en contra de la reforma de salud. En sus declaraciones, Gutiérrez señaló: “El Ministerio de Salud y la Superintendencia han intervenido EPS sin garantizar los recursos a las IPS. Hay hospitales recibiendo apenas el 6 por ciento de lo que les deben mes a mes. Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia”.

El comunicado de Asocapitales precisó que las capitales actuarán de manera coordinada al adherirse a la acción popular admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y presentar una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en salud.

La Nueva EPS, que cuenta con más de 11,7 millones de afiliados, enfrenta deudas históricas mayores a 21 billones de pesos y una crisis en su red de prestadores. Esta situación ha generado miles de quejas por la demora en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas, lo que impide garantizar una atención eficiente.

Las capitales colombianas concentran más del 70% de la infraestructura de servicios especializados del país y reciben pacientes de toda la nación. Según el informe, se registraron 1.943 quejas en Bogotá entre enero y septiembre de 2025, mientras que la deuda pública en la capital pasó de 35.000 millones a más de 90.000 millones de pesos.

La parálisis del sistema de salud ha llevado a que varias ciudades, como Valledupar y Cali, informen sobre dificultades en la atención médica, afectando cirugías, urgencias y tratamientos de alta complejidad. En Puerto Carreño, el acceso a atención depende de la conexión aérea, y varios pacientes mueren sin atención oportuna. En Medellín, se han invertido más de 400.000 millones de pesos para cubrir los servicios afectados por la falta de pagos de la Nueva EPS y Savia Salud.

El pronunciamiento de Asocapitales subraya que la crisis es “masiva y continua”, afectando derechos fundamentales. Entre las consecuencias se encuentran interrupciones en tratamientos para cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental. Existe un alto riesgo de muerte por la dificultad para acceder a servicios esenciales, así como un aumento en las tutelas y obstáculos de acceso.

Los secretarios de Salud reiteraron su compromiso con la población e hicieron un llamado al Gobierno nacional para que presente un plan de choque urgente, que incluya la publicación de un cronograma de pagos a hospitales antes de finalizar el año. También solicitaron la continuidad de tratamientos críticos, ajustes en el flujo de recursos del Adres directamente a los prestadores, y una revisión de las medidas de intervención actuales. Adicionalmente, pidieron una evaluación externa de la situación financiera de la Nueva EPS y mayor protección para los hospitales públicos.

La reciente decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, de ampliar la medida de embargo sobre los recursos de la Nueva EPS ha generado una profunda preocupación en el sector salud colombiano. En este contexto, Asocapitales también anunció la formación de una Mesa Técnica Nacional de Salud, junto con el Ministerio de Salud, Supersalud, Adres y gremios hospitalarios.

La organización concluyó su mensaje con un llamamiento claro: “el país necesita respuestas urgentes: la vida de millones está en juego”. Los secretarios de Salud se comprometieron a no aceptar la normalización de la crisis ni permitir que la falta de decisiones nacionales ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.