¡Increíble pero cierto! El escándalo de corrupción que envuelve a Alberto Fernández: ¿qué oculta la Justicia?

Un nuevo capítulo en el ámbito judicial argentino ha surgido con el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por supuestas irregularidades en las contrataciones estatales de seguros. Este procesamiento fue ratificado por la Cámara Federal de Buenos Aires y ha resultado en un embargo de más de 14.600 millones de pesos argentinos (aproximadamente 9 millones de euros) y una restricción para salir del país a menos que tenga autorización judicial.

La controversia se centra en un mensaje enviado por Fernández a su secretaria privada, María Cantero, en el que expresó que se encargaría de la pérdida de un contrato en el Ministerio de Exteriores. Este hecho fue considerado un factor clave por la Justicia para confirmar su procesamiento, que también incluye a Cantero y a su pareja, Héctor Martínez Sosa, quien se benefició de contratos estatales a través de su rol como corredor de seguros.

Durante el mandato de Fernández, la empresa de Martínez Sosa recibió contratos significativos relacionados con servicios de seguros para el Estado, lo que ha llevado a los magistrados a señalar que hubo “negociaciones incompatibles con la función pública” y “direccionamiento delictivo” para favorecer a sus allegados. En efecto, las investigaciones han revelado que la correduría de Martínez Sosa captó entre 2020 y 2023 cerca del 60% de las comisiones pagadas por Nación Seguros a intermediarios, lo que se traduce en más de 2.250 millones de pesos argentinos, superando un millón de euros.

El procesamiento ha abierto la posibilidad de que Fernández enfrente una condena de entre uno y seis años de prisión, así como inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Dicha acusación se basa en la hipótesis de que el exmandatario actuó para beneficiar a Martínez Sosa, quien había sido su cliente principal en su previo rol como abogado y lobista entre 2010 y 2019.

La investigación comenzó en junio de este año a raíz de una decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien determinó que existían evidencias suficientes sobre el papel de Fernández en el direccionamiento de contratos de seguros estatales a favor de su círculo íntimo. Casanello constató que dicha maniobra condujo a un incremento notable en el flujo de contratos asignados a la empresa de Martínez Sosa durante el gobierno de Fernández.

El fallo de la Cámara Federal se produjo tras la revisión de una solicitud presentada en septiembre por la Fiscalía, que intentaba revertir el procesamiento, argumentando que las evidencias eran insuficientes. Entre sus argumentos, señalaron la falta de declaración de Santiago Cafiero, exministro de Exteriores, cuya comparecencia se considera crucial para esclarecer las responsabilidades en la adjudicación de los contratos investigados.

A medida que avanza este proceso, se mantiene la restricción de salida del país para Fernández, así como el embargo sobre su patrimonio y el de los demás imputados, incluyendo a Cantero y a Martínez Sosa, quienes también están confirmados en su procesamiento. Este caso resalta un mecanismo de adjudicación de pólizas dentro de organismos públicos, donde la colusión entre funcionarios y actores privados permite obtener comisiones millonarias mediante la asignación selectiva de contratos, afectando directamente los recursos estatales entre 2020 y 2023.

Con la situación judicial de Fernández cada vez más complicada, la sociedad argentina observa atentamente el desenlace de este caso que, más allá de un proceso legal, simboliza la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas de aquellos que han ocupado altos cargos en el gobierno.