¡Inesperado! La administración Trump intenta silenciar a Musk: ¿qué secretos oculta la demanda de USAID?

La administración de Donald Trump se enfrenta a un nuevo desafío legal relacionado con el multimillonario Elon Musk. Una demanda acusa a Musk de liderar la disolución ilegal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) mientras ejercía como asesor del presidente. En este contexto, el Departamento de Justicia ha solicitado a un juez federal de Maryland que impida que Musk y dos ex altos funcionarios de la USAID testifiquen en este caso.

La USAID, fundamental para la asistencia exterior estadounidense, fue desmantelada a comienzos de este año como parte de los esfuerzos de Trump por reducir el tamaño del gobierno. Esto incluyó despidos masivos y la cancelación de diversas subvenciones. La demanda actual surge de la preocupación de empleados y contratistas de la agencia, quienes sostienen que Musk, junto a otros funcionarios, actuó inconstitucionalmente al ejercer un poder que debería estar reservado a funcionarios confirmados por el Senado. Se alega que sus acciones vulneraron los principios de separación de poderes que son clave en la Constitución de Estados Unidos.

El gobierno argumenta que los demandantes no han demostrado “circunstancias excepcionales” que justifiquen la necesidad de testimonio de Musk y los ex funcionarios de la USAID, Peter Marocco y Jeremy Lewin. Históricamente, los tribunales han establecido estándares altos para obligar a miembros de alto rango del poder ejecutivo a testificar. En la última presentación judicial, el Departamento de Justicia argumentó que forzar el testimonio de Musk causaría interferencias en las actividades de la Casa Blanca y en el cumplimiento de los deberes constitucionales del presidente.

Este caso ha cobrado relevancia, especialmente considerando que Musk, CEO de Tesla Inc. y SpaceX, dejó su puesto como asesor de la administración en primavera de este año. Durante su tiempo en el cargo, fue una figura prominente en la campaña de Trump y defendió la iniciativa del Departamento de Eficiencia Gubernamental. A pesar de su salida, el Departamento de Justicia ha seguido protegiendo sus intereses en casos relacionados con el DOGE.

Un juez federal ya había dictaminado en agosto que la demanda podía avanzar, rechazando la petición del gobierno para desestimarla. Esto permitió que los abogados de los empleados de USAID empezaran a buscar información, documentos y testimonios, complicando aún más la situación legal para Musk y el gobierno. Se ha presentado evidencia de que Musk se adjudicó personalmente el mérito de varios de los cambios implementados, incluida una publicación en redes sociales donde mencionó: “Pasamos el fin de semana alimentando a la USAID en la trituradora de madera”.

El Departamento de Justicia también ha sido reacio a revelar información sobre el DOGE, lo que ha llevado a conflictos legales previos, como el caso donde el Tribunal Supremo de EE. UU. bloqueó la orden de un tribunal inferior que requería el testimonio de la administradora de DOGE, Amy Gleason.

Este caso, conocido como Does contra Musk, número 25-cv-462, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland, podría tener importantes implicaciones no solo para Musk, sino también para la forma en que se maneja la autoridad dentro del gobierno estadounidense. Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Justicia no ha realizado comentarios sobre el asunto, y las partes involucradas han guardado silencio respecto a las solicitudes de comentarios en este momento crítico.