¿Sabías que el 70% de los monotributistas enfrenta un futuro incierto? ¡Descubre la verdad detrás de la protección social!

En América Latina, la situación de los trabajadores por cuenta propia se ha convertido en un tema de creciente preocupación, especialmente en un contexto donde el 73% de su ingreso se sitúa por debajo del promedio de los demás trabajadores. Un análisis detallado, realizado por el economista Amarante, destaca que en 2023, el ingreso promedio mensual de estos trabajadores en Uruguay fue de 954 dólares “internacionales” (ajustados por paridad de poder adquisitivo), superando a la media regional de 772 dólares. Sin embargo, este indicador no considera las diferencias en las horas trabajadas, lo que complica aún más el panorama.

Un dato alarmante es que solo el 35% de los trabajadores autónomos en Uruguay contribuyen al sistema de seguridad social, en comparación con más del 89% de los empleados en el sector formal. Esta desprotección social se manifiesta como una desconexión estructural entre los sistemas de contribuciones y la realidad económica de estos trabajadores. Amarante sostiene que el problema no es marginal; afecta a más de un cuarto de la fuerza laboral en la región, perpetuando ciclos de precariedad y vulnerabilidad.

Ante esta complicada realidad, varios países han implementado regímenes tributarios simplificados, como el monotributo, diseñado para facilitar la formalización de pequeñas empresas. Sin embargo, la decisión de formalizar una unidad productiva se basa en un análisis de costo-beneficio, donde solo las empresas de mayor productividad suelen encontrar beneficios que superen los costos de formalización. Para aquellos en situaciones de “informalidad de subsistencia”, que operan en una economía precaria, las acciones que solo buscan reducir costos no son suficientes. Necesitan un enfoque integral que contemple el desarrollo de capacidades empresariales.

En el caso de las empresas con “informalidad inducida”, las políticas más efectivas podrían incluir la reducción de costos operativos y la simplificación de trámites. Por otro lado, aquellas con “informalidad parásita” podrían beneficiarse de un mayor control y fiscalización, siempre y cuando se aplique con cautela para no afectar a las firmas de subsistencia que podrían cerrar y generar desempleo.

El régimen del monotributo en Uruguay fue establecido en 2001, dirigido inicialmente a empresas unipersonales. Tras diversas modificaciones, este régimen se amplió en 2007, permitiendo la inclusión de pequeños locales y diversas formas societarias. Este sistema permite a los contribuyentes pagar un único tributo que sustituye a todos los impuestos nacionales, además de los aportes a la seguridad social. A pesar de su crecimiento —de 2.566 empresas en 2006 a 54.927 en 2023—, las críticas persisten. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cobertura social sigue siendo limitada, lo que genera la percepción de un “régimen de seguridad social de segunda”.

Amarante advierte sobre la ambivalencia del monotributo, que si bien ofrece una vía hacia la inclusión social, puede generar distorsiones económicas y segmentación laboral. Existe una tensión entre eficiencia y equidad, donde la inclusión de trabajadores informales podría venir a expensas de la cobertura de los regímenes generales, algo que provoca un “efecto desplazamiento” en el sistema de protección social.

En resumen, el análisis de las experiencias de monotributo en América Latina revela un panorama complejo. Por un lado, estos regímenes han mostrado efectos positivos en términos de formalización laboral; por otro, enfrentan desafíos significativos. Las recomendaciones de Amarante incluyen la identificación de trabajadores independientes con ingresos que se encuentren dentro de los rangos elegibles para este régimen, así como un análisis del valor actuarial de los beneficios que podría ofrecer.

Finalmente, se plantea un interrogante fundamental: ¿deben estos regímenes ser vistos como mecanismos de transición hacia una formalidad plena o como componentes permanentes de un sistema de protección social estratificado? La experiencia sugiere que la segunda opción ha prevalecido, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad y equidad del sistema en su conjunto.