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El Gobierno argentino ha decidido poner fin a los ajustes parciales de los impuestos a los combustibles a partir del 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, las naftas y el gasoil incluirán un ajuste por inflación del 31,8%, correspondiente al período entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercero de 2025. Esta medida fue oficializada mediante el decreto 840/2025, publicado el viernes en el Boletín Oficial.

En este decreto, también se dispuso un ajuste parcial para diciembre en los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), manteniendo la modalidad vigente desde mediados del año pasado. Este incremento, justificado como un paso para “continuar estimulando el crecimiento de la economía con un sendero fiscal sostenible”, se desglosa de la siguiente manera:

• Naftas (sin plomo +92 RON y virgen):
  • ICL: +$16,377
  • IDC: +$1,003
• Gasoil:
  • ICL: +$13,546
  • Tratamiento patagónico: +$7,335
  • IDC: +$1,544

Un Cambio Significativo en la Política Fiscal

El decreto de diciembre marca una desviación del procedimiento habitual del Gobierno, que comúnmente publica a fin de cada mes un decreto con los ajustes fijos para el mes siguiente. En esta ocasión, se introdujo una cláusula clave: la actualización total de los incrementos postergados, cerrando así la política de aumentos fragmentados que se había implementado para mitigar el efecto inflacionario.

El contexto político y económico es notable, dado que no hay elecciones a la vista en 2026 y los precios internacionales del petróleo han bajado, lo que podría amortiguar el efecto de la incorporación de un ajuste significativo en la carga impositiva. Analistas y especialistas en tributación ya anticipaban este escenario desde septiembre, cuando el proyecto de Presupuesto 2026 mostró que los ingresos por impuestos a los combustibles crecerían un 50,6% real, cifra que supera ampliamente el promedio del resto de los tributos.

Un incremento de tal magnitud solo puede justificarse con una actividad económica extraordinaria, lo cual es poco probable, o a través de un ajuste pleno de las alícuotas, lo que ha sido confirmado por el decreto mencionado.

Desde el 1° de enero de 2026, se dejará sin efecto la política de aumentos fragmentados y se reintegrará lo estipulado en la ley 23.966, que establece ajustes en enero, abril, julio y octubre, basándose en la inflación acumulada. Este sistema había operado sin alteraciones hasta mediados de 2022, cuando el expresidente Alberto Fernández congeló la carga impositiva para evitar presiones inflacionarias. Al asumir, Javier Milei heredó casi dos años de actualizaciones retenidas.

Tras un primer intento de normalizar los aumentos durante 2024, Milei optó por volver a postergar parcialmente los aumentos, generando nuevos atrasos. Se estima que si todas las subas se aplicaran de una sola vez, el impacto en el precio final de los combustibles podría alcanzar un 15%.

Implicaciones Para los Consumidores y el Mercado

El decreto también deja abierta la posibilidad de fijar un cronograma gradual en lugar de aplicar todo el incremento de una sola vez, ya que menciona que rige para “los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de enero de 2026”. El ajuste pendiente abarca el remanente de las actualizaciones de 2024 y las correspondientes a los trimestres del 2025, período en el que la inflación acumulada fue del 31,8%.
Dado que se trata de sumas fijas, el impacto final no será uniforme y variará según el precio base de cada combustible, su calidad, la marca y la región del país.

En resumen, el próximo año será crucial para los consumidores argentinos, que deberán prepararse para un ajuste significativo en los precios de los combustibles, en medio de un contexto económico que sigue siendo volátil. Este cambio en la política fiscal no solo refleja una respuesta a la inflación, sino también una estrategia del Gobierno para equilibrar la carga impositiva en un momento donde otros factores, como los precios internacionales del petróleo, juegan un rol crucial en la economía nacional.