¿Puede el nuevo presidente de Honduras salvar al país del colapso? ¡Los números son escalofriantes!

Cuando a finales de enero de 2026, el próximo presidente asuma las riendas de Honduras, encontrará un país con profundas desigualdades y desafíos económicos. Más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, y la tasa de informalidad laboral se sitúa en torno al 74%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este panorama plantea un reto urgente para el nuevo mandatario.

La economía hondureña depende en gran medida de las remesas provenientes del extranjero, que representan el 27% del PIB, superando ampliamente los ingresos por otros rubros esenciales, como las exportaciones. Durante los primeros diez meses del año, el país recibió 10.000 millones de dólares en transferencias de sus ciudadanos que han inmigrado a otros países.

"Los hogares más ricos del país ganan 101 veces más que los más pobres."

A pesar de que el Banco Central de Honduras proyecta un crecimiento económico del 3,5% para este año, el país necesita un crecimiento sostenido superior al 6% para generar beneficios tangibles, según Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). La inflación se ha mantenido controlada gracias a subsidios al combustible y la energía; sin embargo, la deuda pública nacional superará los 18.000 millones de dólares este año, lo que amenaza con limitar los fondos para programas de desarrollo y políticas sociales.

A pesar de que los datos de desempleo y pobreza se han reducido durante la administración de Xiomara Castro, la brecha económica refleja un alto índice de inequidad. El 95% de la población posee solo el 77,5% de los ingresos del país, lo que subraya una fuerte concentración del ingreso y alta desigualdad económica, según los Indicadores de Pobreza y Mercado Laboral 2025 del INE, publicados en noviembre.

El Banco Mundial califica la economía hondureña como "relativamente pequeña y abierta," con la agricultura y la manufactura ligera (especialmente los textiles) como fuentes importantes de empleo y exportaciones. Sin embargo, también señala que Honduras tiene "una baja capacidad productiva y alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales," así como altos niveles de criminalidad y violencia, lo que fomenta la migración.

Los principales candidatos a suceder a la actual presidenta, Xiomara Castro, presentan modelos económicos distintos. Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación, defiende un estado activo para corregir fallas de mercado y reducir desigualdades, abogando por una política de "democratizar la economía" que incluye créditos a tasas bajas y políticas industriales verdes. Por su parte, Salvador Nasralla, el presentador de televisión que aspira a la presidencia por tercera vez, se enfoca en la reducción de la burocracia, la atracción de inversión y el apoyo a pequeños y medianos empresarios. Nasri Asfura, un empresario respaldado por Donald Trump, apuesta por la estabilidad fiscal, fortalecimiento del sector agropecuario y mejoras en la conectividad.

Desafíos en Seguridad y Corrupción

Honduras registró este año su tasa más baja en homicidios de las últimas tres décadas, con una proyección oficial de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes para finales de 2025, lo que representa un descenso del 50% respecto a 2021. Sin embargo, este avance se da en un contexto donde Honduras todavía mantiene la peor tasa de homicidios de la región.

Castro asumió el cargo con la intención de fortalecer la policía y reducir la dependencia del ejército en cuestiones de seguridad. No obstante, a finales de 2022, se declaró un estado de emergencia para combatir la violencia de las pandillas, que ha sido prorrogado más de 20 veces. Esto ha devuelto al ejército un papel central en el mantenimiento del orden público, lo que refleja una debilidad estatal ante el crimen. El nuevo mandatario deberá decidir si continúa con esta política o apoya un enfoque que garantice más derechos constitucionales.

La percepción de corrupción en Honduras es alarmante, ocupando el puesto 154 entre 180 países, según Transparencia Internacional. Un 88% de la ciudadanía demanda la instalación de un organismo internacional independiente contra la impunidad, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Aunque Xiomara Castro firmó en 2022 un memorando de entendimiento con la ONU para establecer una misión anticorrupción, esta propuesta nunca se ejecutó debido a incompatibilidades en la implementación.

Los próximos comicios representan una encrucijada para los votantes hondureños, quienes deben reflexionar sobre qué modelo económico y político seguir, en un contexto donde la necesidad de subsistencia, el hastío por la corrupción y la búsqueda de seguridad son prioridades que no pueden sacrificarse.

Con EFE, AP y medios locales.