¡Escándalo en el Caso $LIBRA! Grabois sigue en la pelea y Milei enfrenta graves acusaciones de una bielorrusa. ¿Qué ocultan?

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes están siendo investigados en el marco del caso $LIBRA. Este planteo buscaba apartar a los querellantes, que son considerados supuestos damnificados, varios de ellos representados por el diputado Juan Grabois en su rol de abogado.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti respondieron que “el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, al desestimar la presentación de la defensa.

En una nueva estrategia, se busca ampliar el embargo de 25.000 dólares sobre los bienes del promotor del negocio, Hayden Davis, conforme a lo dispuesto por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en respuesta a una solicitud del fiscal Taiano. Recientemente, una inversionista bielorrusa, Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, se presentó como querellante, denunciando pérdidas por US$ 1.768.079 tras el colapso del proyecto $LIBRA.

Vitalievna acusó al presidente Javier Milei y a su entorno de legitimar una estafa que despojó a inversores internacionales de parte de sus ahorros. En su denuncia, afirma que realizó la inversión el 14 de febrero de 2025 inspirada solamente por una publicación de Milei en la red social X, donde aseguraba que el proyecto impulsaría la economía argentina.

La querella presentó a la Justicia un informe sobre la trazabilidad de las transacciones en la blockchain, evidenciando cómo las compras de la inversora bielorrusa se transformaron en un quebranto millonario tras la retirada del apoyo oficial. En su escrito, se describe como una “ofendida directa” dado que confió en la legitimidad que otorgaba la investidura presidencial al negocio.

Sus abogados en Argentina, Martín Romeo y Nicolás Oszust, firmaron el escrito donde argumentan que fueron damnificados por Karina Milei, Manuel Adorni y los desarrolladores del token.

Los implicados enfrentan acusaciones de estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La Justicia investiga si existió un esquema de fraude destinado a inflar artificialmente el valor del token, seguido de un colapso que generó ganancias extraordinarias para sus creadores y pérdidas millonarias para los inversores.

En febrero de 2025, la jueza María Servini, quien inicialmente tuvo el caso, rechazó la solicitud de un grupo de personas –Juan Marchetto, Matías París y Alan Vega– para ser considerados parte querellante. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó esa decisión. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico señalaron que “el derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima.”

Tras afirmar que el dictamen inicial abre “un panorama muy amplio desde los puntos de vista fácticos y jurídicos”, la Cámara subrayó que hay “diferentes alternativas e hipótesis de lo sucedido”, incluyendo la de una posible estafa que habría causado un perjuicio económico a los adquirentes del criptoactivo. En consecuencia, se permitió que los posibles afectados formaran parte de la investigación.

La defensa apeló y en abril de 2025, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde se argumentó que la decisión había sido arbitraria y que se habían afectado los derechos constitucionales del debido proceso de sus clientes. No obstante, la Corte Suprema desestimó el recurso.

Ahora, Martínez de Giorgi deberá decidir sobre la presentación de Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, que marca una nueva etapa en el caso, ya que podría significar la entrada de inversores extranjeros en la causa argentina, buscando que se amplíe el embargo sobre los bienes de Hayden Davis, que actualmente se considera de US$ 24.500, un monto que sus abogados tildan de “irrisorio” e “irracional”.