¡Impactante! El 18% de los argentinos en la UCA enfrenta INSEGURIDAD ALIMENTARIA: ¿Qué medidas tomarán?

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) ha lanzado recientemente dos informes cruciales sobre inseguridad alimentaria y salud mental en el país. Estos estudios evidencian que, a pesar de una aparente estabilidad macroeconómica en el último año, un sector significativo de la población sigue enfrentando serias dificultades para acceder a una alimentación adecuada y experimenta altos niveles de depresión y ansiedad, vinculados directamente a la situación económica.

Los informes, titulados “Estrés social y privaciones estructurales en los hogares de la Argentina urbana” y “Cambios en el bienestar subjetivo”, se basaron en encuestas realizadas a 3.000 hogares en distintos conglomerados del país. Uno de los hallazgos más preocupantes es que un 18,7% de los hogares en Argentina presenta inseguridad alimentaria, de los cuales 7,8% sufre inseguridad alimentaria severa.

A pesar de que el ODSA reconoce que "este año hubo mejoras en el indicador" de la inseguridad alimentaria, en comparación con el fuerte deterioro observado a finales de 2023 y 2024, las cifras siguen siendo alarmantes. Las mejoras se atribuyen a la recuperación de ingresos debido a la disminución de la inflación de alimentos y a las transferencias estatales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, el ODSA, dirigido por Agustín Salvia, advierte que estas mejoras "no alcanzan para revertir plenamente el deterioro acumulado," y los niveles de déficit en 2025 permanecen muy altos.

Durante la última década y media, la inseguridad alimentaria ha mostrado una tendencia ascendente, con un incremento notable desde 2018. Después de mantener niveles relativamente estables entre 2010 y 2017, tanto la inseguridad alimentaria severa como moderada se han incrementado drásticamente, alcanzando picos históricos en 2024 que afectaron al 24,3% de los hogares. La calidad nutricional de las familias está claramente definida por su nivel de ingresos; los hogares de nivel muy bajo reportan tasas de inseguridad alimentaria total superiores al 50%, mientras que aquellos de nivel medio alto permanecen por debajo del 2%.

La situación es aún más crítica si consideramos la informalidad estructural, que sigue siendo un núcleo duro en la economía. El déficit de afiliación a la seguridad social, un indicador directo de informalidad y exclusión del sistema, se mantiene prácticamente inalterado en los sectores más vulnerables. Esto sugiere que la reciente reducción de la pobreza por ingresos no ha ido acompañada de una mejora en la integración laboral ni en la cobertura previsional.

Salud Mental en Crisis

En cuanto a la salud mental, el ODSA ha observado un marcado aumento en los síntomas de ansiedad, angustia y depresión desde 2022, alcanzando el nivel más alto de la serie en 2024, justo después de la pandemia. Aunque hubo una leve disminución en 2025, los datos siguen mostrando que un 28,1% de la población adulta urbana presenta algún tipo de malestar psicológico, una cifra que había sido del 18,4% en 2010. Esta situación es más prevalente entre los sectores más pobres, donde la cronicidad de los síntomas ansiosos y depresivos es significativamente más alta.

Un dato que resalta la gravedad de la situación es que el malestar psicológico afecta a la mitad de las mujeres que experimentan violencia de género. Este aspecto pone de manifiesto la intersección entre la violencia estructural y la salud mental, donde la desigualdad económica se traduce en un mayor sufrimiento psicológico.

Los informes del ODSA revelan un panorama preocupante que va más allá de las cifras. La inseguridad alimentaria y los problemas de salud mental son síntomas de un sistema que, aunque muestra signos de estabilidad, es incapaz de abordar las profundas desigualdades que marcan la vida cotidiana de muchos argentinos. Estos datos no solo son números; representan historias de vida, familias afectadas y un llamado urgente a la acción.

Los informes subrayan la importancia de continuar evaluando no solo los indicadores económicos, sino también el bienestar psicológico y social de la población, como elementos esenciales para construir una sociedad más equitativa y saludable.