¡Impactante! La Casación decide el futuro del juicio ABO V: ¿Podría cambiar todo lo que creías sobre el terrorismo de Estado?

La muerte de Lucila Révora, madre del ex ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, sigue siendo un punto crítico en la megacausa que investiga los crímenes de la dictadura argentina. En la audiencia realizada hoy por la Cámara Federal de Casación Penal, se revisaron las absoluciones y condenas dictadas en 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº 2, que incluyeron penas de 25 años de prisión para varios ex agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos Carlos Alberto Infantino y los ex gendarmes Miguel Pablo Lugo, Sergio Raúl Nazario y Hugo Luis Medina, por delitos de lesa humanidad contra 385 víctimas.

El tribunal, compuesto por Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, escuchó a las partes en un ambiente tenso en el que se planteó la defensa de Lugo y de Miguel Víctor Pepe, quien fue absuelto en el juicio. La defensa cuestionó la validez de los testimonios de los ex gendarmes Federico Eric Fabián Talavera y Omar Eduardo Torres, quienes, después de haber señalado a los imputados como responsables de secuestros, torturas y homicidios, se retractaron durante el debate.

Testimonio clave y su repercusión

Uno de los testimonios más impactantes durante la audiencia fue el que se refería a las circunstancias de la muerte de Lucila Révora. Su asesinato se enmarca en un periodo oscuro de la historia argentina, dentro de la operación donde se perpetraron múltiples violaciones a los derechos humanos. La defensa utilizó el testimonio de Talavera y Torres para intentar deslegitimar las acusaciones, argumentando que su retractación debería restar valor a lo que previamente habían declarado.

Este testimonio es especialmente significativo en el contexto de la megacausa, que se concentra en los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo, considerados como algunos de los circuitos represivos más activos del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura. El caso ABO sigue siendo uno de los procesos más complejos sobre terrorismo de Estado en el país, que busca hacer justicia casi 50 años después de los hechos.

Además de la solicitud de nulidad respecto a los testimonios cuestionados, la Sala IV deberá considerar los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la querella unificada. Estas presentaciones buscan revertir la absolución de Pepe y otras absoluciones parciales relacionadas con homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad y torturas.

El fallo de Casación, aunque aún no tiene fecha, será crucial para el futuro judicial del tramo ABO V. Podría confirmar las condenas y absoluciones existentes o, por el contrario, ordenar un nuevo juzgamiento sobre los puntos discutidos. Este proceso es un recordatorio de que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue vigente en Argentina, y que la sociedad no está dispuesta a olvidar ni a ceder ante el olvido.

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