¡Inédito! Portugal y Moldavia hacen historia con un pacto ambiental que podría cambiarlo todo: ¿estás listo para el impacto?

La protección del medio ambiente ha tomado un giro significativo a nivel internacional con la reciente firma del Convenio sobre Protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal, promovido por el Consejo de Europa. Este tratado, que tuvo como primeros firmantes a la Unión Europea (UE), Portugal y Moldavia, establece un marco jurídico sólido para abordar los delitos ambientales, incluso aquellos que transgreden las fronteras nacionales.

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, describió la iniciativa como “histórica” y subrayó la urgencia de que otros Estados se sumen al acuerdo. “Debemos redoblar nuestros esfuerzos colectivos para proteger el medioambiente y combatir los delitos ambientales que amenazan nuestro futuro”, declaró Berset en un comunicado.

Este convenio responde a lo que el Consejo de Europa denomina la “triple crisis planetaria”: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Se busca dotar a los países de herramientas legales para perseguir delitos ambientales graves que, con frecuencia, han quedado impunes o han sido tratados de forma insuficiente.

El tratado fue elaborado con la participación de diversos actores, incluidos Estados miembros, la Santa Sede, la Unión Europea, Naciones Unidas, Interpol y organizaciones de la sociedad civil. Este esfuerzo conjunto subraya que la destrucción del medio ambiente “no solo es un fracaso político, sino también un delito penal” que requiere cooperación internacional.

Uno de los aspectos más relevantes del convenio es su definición amplia de delitos ambientales, que incluye la posibilidad de enjuiciar por ecocidio a quienes causen intencionalmente desastres ambientales. También se abordan cuestiones de responsabilidad corporativa, sanciones y la delincuencia organizada, adaptándose a las nuevas formas de criminalidad vinculadas a redes transnacionales.

El acuerdo también incluye un mecanismo de seguimiento para asegurar su correcta aplicación y la rendición de cuentas. Para que el convenio entre en vigor, se requieren al menos diez ratificaciones, de las cuales, al menos ocho deben proceder de Estados miembros del Consejo de Europa. Una vez alcanzado este umbral, se podrán desplegar las herramientas legales necesarias para establecer la responsabilidad penal por delitos ambientales.

Además, el convenio prevé la posibilidad de abrirse a Estados no miembros del Consejo de Europa en el futuro, destacando que la lucha contra los crímenes ambientales “no conoce fronteras”. “Instamos a los gobiernos a actuar con rapidez para que estas salvaguardias vitales puedan implementarse lo antes posible”, concluyó Berset.

Este nuevo tratado es un paso crucial hacia la creación de un sistema penal coordinado que busque frenar los delitos ambientales y garantizar la protección del planeta para las futuras generaciones. La necesidad de una acción global y concertada se hace cada vez más evidente en un mundo donde los problemas ambientales trascienden las fronteras y requieren un esfuerzo conjunto para ser abordados adecuadamente.