¿El "salario digno" de 2026 cambiará tu vida? Descubre cómo afectará a los colombianos y ¡los números que nadie te dice!

La negociación del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 ha tomado un giro inédito con la introducción del concepto de "salario digno", impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. Este debate no solo afecta a cerca de cinco millones de trabajadores formales, sino que también impactará a más de 20 millones de colombianos. La segunda semana de diciembre de 2025 marcará el inicio de las negociaciones, en un contexto de polarización y alta incertidumbre.

El presidente Gustavo Petro y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, han propuesto un salario mínimo de $3.000.000, un enfoque más ético y social que técnico, inspirado en las pautas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, este concepto carece de soporte metodológico y no está contemplado como indicador oficial en la ley actual. En contraposición, gremios como la Andi, Fenalco y Acopi defienden la fórmula tradicional que combina inflación y productividad como base para calcular el incremento.

La tensión en la mesa de negociación se hizo evidente cuando Fenalco se retiró temporalmente, argumentando que el Gobierno había anticipado un aumento del 11% sin un consenso técnico previo. Este cambio de enfoque ha llevado la discusión más allá del porcentaje de incremento, enfocándose en el impacto real que tendrá en la economía de los hogares y las empresas.

Un informe de la firma de servicios profesionales Crowe Co advierte que el verdadero desafío radica no solo en el porcentaje de aumento propuesto, sino también en el efecto dominó que podría afectar la liquidez de los hogares y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según este estudio, más de 30 cobros y hasta 60 bienes y servicios se verían afectados por incrementos automáticos, debido a su indexación al salario mínimo legal vigente (smlv), a partir de enero de 2026.

“Más allá del aumento final o del ideal del ingreso digno, el país se enfrenta a un efecto dominó financiero que impactaría simultáneamente a las familias y al tejido empresarial”,

afirmó Guillermo Berrio, socio BPO de Crowe Co y autor del informe. Este análisis resalta que el verdadero pulso de la negociación se medirá por la liquidez disponible en los hogares, no solo por el porcentaje de incremento acordado.

Las cifras económicas alimentan la controversia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual a octubre se situó en 5,51%. Sin embargo, sectores sensibles como restaurantes (7,61%), educación (7,34%) y salud (6,50%) superan ampliamente el promedio general. En cuanto a productividad, la Productividad Total de los Factores (PTF) creció 0,91% en el tercer trimestre, mientras que la productividad laboral cayó -0,32%. Esto sitúa el rango técnico de aumento del salario mínimo entre 6% y 7%, según estimaciones de Fedesarrollo.

A pesar de esto, el Gobierno propone un ajuste del 11% para acercar el salario mínimo al umbral del “ingreso digno”, cifra que supera el cálculo técnico estimado en 8,94%. Este aumento activará al menos 30 recálculos automáticos que afectarán directamente la liquidez de familias, contratistas, comercios y pymes.

Entre los rubros que más se verán afectados están los aportes de trabajadores independientes a salud y pensión, arriendos, cuotas judiciales, pensiones escolares, comparendos y servicios personales. Por ejemplo, quien actualmente aporta $100.000 deberá prever un desembolso cercano a $108.940, incluso si sus ingresos no crecen en la misma proporción. Además, una cuota judicial equivalente a un salario mínimo pasará de $1.423.500 a $1.550.800, lo que representa un alza mensual de $127.300.

Para las pymes, el costo laboral total por trabajador —incluyendo salario, prestaciones y recargos— aumentará entre 8,5% y 9,3%, dependiendo del sector. Actividades con alta empleabilidad como comercio, vigilancia, restaurantes y construcción enfrentan una presión adicional, especialmente tras la reducción de la jornada laboral a 44 horas, que elevó la hora ordinaria a $6.189, dejando escaso margen para absorber nuevos costos sin afectar utilidades o plantilla.

Los analistas de Anif y Fedesarrollo coinciden en que un aumento elevado del salario mínimo puede fomentar el consumo a corto plazo, pero también podría encarecer bienes y fomentar la informalidad, si no se acompaña de mejoras reales en la productividad. Así, el desafío no solo radica en el porcentaje de incremento salarial, sino en la capacidad de los hogares para soportar el ajuste generalizado de pagos y servicios que se derivará del nuevo mínimo legal.

La resistencia de la economía doméstica será puesta a prueba cuando la cascada de aumentos alcance todos los rincones del gasto familiar y empresarial. En definitiva, el debate sobre el salario mínimo en Colombia, y su impacto en el bienestar de millones, sigue abierto y requiere un enfoque equilibrado que considere tanto el bienestar de los trabajadores como la salud económica del país.