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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) ha expresado un firme rechazo al nuevo acuerdo salarial alcanzado en la paritaria de comercio, argumentando que las subas acordadas incrementan “costos ocultos” que elevan los gastos laborales sin mejorar el salario real ni la competitividad empresarial. Esta situación se convierte en una preocupación para un sector que emplea a 1,2 millones de trabajadores, la mayor fuerza laboral del país.

En un comunicado, CADAM subrayó que no se siente representada en las negociaciones, lanzando un mensaje contundente:

“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”.

Este descontento se centra en el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador. Según la CADAM, este aporte se redistribuye entre las cámaras empresariales CAC y CAME “bajo el pretexto de capacitación”, aunque muchos trabajadores nunca reciben formación.

El aumento en la recaudación para estas cámaras se convierte en un punto de fricción significativo, especialmente cuando se considera que cada aumento salarial pactado también implica un incremento en los aportes obligatorios. En este contexto, el Decreto 149/2025 del Gobierno nacional, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, establece que las convenciones colectivas de trabajo no pueden imponer cargas económicas a no afiliados sin su aceptación voluntaria. A pesar de esto, una medida cautelar presentada por el INACAP ha logrado eximirse de esta normativa, argumentando su carácter “independiente” y alegando que recauda más de $30.000 millones al año.

La presión económica de los seguros y contribuciones

A la crítica sobre el INACAP se suma el impacto del Seguro Complementario Obligatorio La Estrella, que ha visto su alícuota aumentar al 1,6% del salario desde junio de 2025. La CADAM advierte que este aumento es otro elemento que incrementa automáticamente los costos laborales sin correlato en mejoras de productividad.

Otro punto polémico es la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, que continúa vigente a pesar de que la pandemia haya finalizado y de que muchos trabajadores no estén afiliados a OSECAC. Esta estructura de cargas, según CADAM, “distorsiona” el costo laboral, desincentiva la formalidad y reduce la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”,

exigieron, reclamando que estos aportes deberían destinarse al salario del trabajador en lugar de financiar instituciones externas.

Desde CADAM se advierte que la acumulación de estas cargas parafiscales produce tres efectos inmediatos: un aumento del costo laboral total que supera el incremento salarial pactado, un traslado de precios que afecta a los consumidores y un incentivo a la informalidad, especialmente en pymes con baja capacidad financiera. Este contexto lleva a la CADAM a solicitar su integración en la mesa de negociación colectiva.

“No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”,

señalaron, insistiendo en que sin representación efectiva, los acuerdos se diseñan sin tener en cuenta el impacto real en las estructuras comerciales que operan con márgenes ajustados.

La CADAM demanda una reforma laboral que proteja tanto a empleados como a pymes, que elimine las cargas no salariales y que transparente la composición real del salario, evitando lo que consideran “abusos institucionalizados”. Esta situación plantea un nuevo frente en la agenda de desregulación del Gobierno y anticipa posibles litigios con cámaras y sindicatos que buscan preservar sus ingresos institucionales asociados a las paritarias.

El fallo cautelar que excluyó al INACAP del Decreto 149/2025 podría sentar un precedente para futuros planteos judiciales, mientras las pymes presionan por una reconfiguración del sistema de aportes obligatorios. Además, este conflicto podría tensar la política de ingresos, ya que los trabajadores exigen actualizaciones salariales reales frente a la inflación, mientras las empresas claman por una reducción de cargas indirectas que, según afirman, “se consumen cualquier margen de mejora”.

La discusión sobre quién debe financiar la estructura institucional de la actividad comercial promete convertirse en uno de los debates más sensibles del mercado laboral en 2026, destacando la necesidad de una respuesta equilibrada que contemple las realidades y las necesidades de todos los actores involucrados.