¿El Gobierno a punto de chocar con el peronismo? Descubrí el impactante proyecto del diputado entrerriano que podría cambiarlo todo.

El reciente proyecto del Gobierno nacional para modificar la ley de Manejo del Fuego ha desatado una nueva controversia con el peronismo, que se opone firmemente a esta iniciativa presentada por la Casa Rosada dentro del paquete de medidas del Consejo de Mayo. La propuesta, impulsada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, busca eliminar la prohibición de cambiar la actividad productiva en campos afectados por incendios por un período de 30 a 60 años, normativa establecida por el diputado nacional Máximo Kirchner en 2020.

Durante la última reunión del Consejo de Mayo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, subrayó que todas las reformas tienen como objetivo “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento” y fomentar el desarrollo productivo. “Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción”, afirmó Adorni.

La Resistencia del Peronismo

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue una de las primeras en cuestionar el proyecto. Aseguró que la única actividad productiva que se “desincentiva” con la ley vigente es “prender fuego” como mecanismo para “expulsar a productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.” Vilar destacó que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego advierte que el 95% de los incendios son provocados por actividad humana, muchas veces intencionadamente por proyectos inmobiliarios, que buscan adquirir terrenos a precios inferiores al de mercado.

“La ley de Fuegos de Máximo Kirchner fue pensada para evitar los incendios intencionales que han devastado miles de hectáreas de humedales, bosques nativos, hogares y vidas. Esta modificatoria no prohíbe la producción ni la venta de las tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo por 30 o 60 años para prevenir prácticas peligrosas para la vida y nuestros ecosistemas”, argumentó Vilar, enfatizando que eliminar una ley ambiental contradice el principio de no regresividad, respaldado por el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar un ambiente sano.

La ministra culminó su intervención planteando la posibilidad de que el verdadero interés detrás de esta modificación sea “seguir impulsando la entrega de nuestras tierras desmontando las normas que lo impiden.”

Por otro lado, desde el bloque de La Libertad Avanza, se argumenta que la normativa actual representa un “avanzo sobre la propiedad privada” y no resuelve el problema de los incendios. Proponen una nueva perspectiva en el proyecto de Benedit, defendiendo la propiedad privada y criticando la estigmatización de los productores.

A pesar de que la gestión de Javier Milei había considerado derogar esta ley a través de un DNU, finalmente se optó por el camino legislativo. Esta decisión ha intensificado el debate sobre la efectividad de la legislación vigente, que prohíbe cambios en el uso de tierras afectadas por incendios, ya sean intencionados o accidentales, con el fin de prevenir especulaciones inmobiliarias.

Los diputados del PRO también han manifestado sus reservas respecto a la modificación de la ley. Argumentan que no se puede prohibir a los propietarios de terrenos “hacer otra cosa con su campo sin adivinar la intencionalidad del incendio.” En este contexto, el PRO había presentado previamente un proyecto de ley para agravar las penas a quienes provoquen incendios intencionales en áreas protegidas.

La ley de Manejo del Fuego, que prohíbe por plazos de 30 a 60 años los cambios en la utilización de tierras afectadas por incendios, busca evitar la especulación inmobiliaria y cambios de uso productivo en terrenos que pudieran ser incendiados intencionalmente. La discusión sobre esta normativa refleja una tensión política y social en torno a la gestión del fuego y la propiedad de la tierra en Argentina, temas que son críticos para el futuro ambiental y económico del país.