¡Impactante! El juicio contra los Kirchner llega a un punto crítico: ¿Qué revelará el peritaje? ¡Los detalles que no quieren que sepas!

El juicio por la causa “Hotesur - Los Sauces” se encamina hacia una nueva fase, con el Tribunal Oral Federal N° 5 conforme y listo para llevar a cabo este debate oral y público. En el banquillo de los acusados se encontrarán Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, y otra veintena de imputados, en un caso que ha capturado la atención del país.

Los magistrados que juzgarán los hechos son José Michilini, Adriana Palliotti y Rodrigo Giménez Uriburu, este último designado por sorteo el pasado viernes en la Cámara Federal de Casación Penal. Uriburu, que también fue juez en el caso “Vialidad”, ha sido objeto de controversia, ya que las defensas de los acusados podrían solicitar su apartamiento debido a su participación previa en otros casos relacionados con la ex presidenta.

El TOF N° 5 había sobreseído a todos los acusados antes de que la decisión fuera revertida por la Casación y confirmada por la Corte Suprema de Justicia el año pasado. Desde entonces, el camino hacia el juicio oral comenzó, aunque con la notable excepción de Florencia Kirchner, quien mantuvo su sobreseimiento.

Un punto crítico que se presenta en esta etapa es la falta de una pericia contable que aún se encuentra pendiente. El fiscal general Diego Velasco ha instado a los peritos a que informen sobre el estado de avance de este estudio y la fecha estimada para su finalización, un retraso que podría afectar el inicio del juicio.

La investigación, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, ha desenterrado una supuesta maniobra financiera que se extendió desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2016, diseñada para redirigir fondos públicos hacia el patrimonio de los Kirchner. Según la acusación, se montó una organización criminal que utilizó la estructura del Estado para beneficiar a empresarios aliados, quienes a su vez retornaron parte de esas ganancias a los ex mandatarios a través de alquileres de hoteles y propiedades.

Los delitos imputados incluyen lavado de activos, asociación ilícita y dádivas. La acusación sostiene que el esquema delictivo se desarrolló en dos fases. En la primera, funcionarios públicos asignaron contratos millonarios de obra vial en la provincia de Santa Cruz a empresas como Austral Construcciones y Kank y Costilla. Posteriormente, esos fondos fueron reciclados para que ingresaran al patrimonio de los Kirchner, aparentando legalidad.

Para llevar a cabo esta maniobra, la familia Kirchner adquirió una cadena de hoteles, incluyendo el Alto Calafate, la hostería Las Dunas y el hotel La Aldea del Chaltén. La compra de estos bienes se financió, en gran medida, con dinero que provenía de Lázaro Báez, quien otorgó préstamos y compró terrenos a precios inflados para dotar a los ex mandatarios de liquidez.

Una vez en posesión de los hoteles, la familia Kirchner delegó la administración a una “empresa pantalla” llamada Valle Mitre, controlada por Báez. Esta firma, que carecía de experiencia hotelera, se encargó de recibir dinero de las constructoras y transferirlo a las cuentas de la familia Kirchner como alquileres por los hoteles.

Sin embargo, las investigaciones revelaron que los contratos de alquiler eran simulados, dado que las obras viales estaban a cientos de kilómetros de distancia, lo que hacía inviable que los trabajadores se alojaran en esos hoteles. Así, el flujo de dinero se canalizó desde la obra pública hacia la administración hotelera y finalmente a las cuentas de la sociedad Hotesur, propiedad de los Kirchner, asegurando ingresos desproporcionados con respecto a la rentabilidad real del negocio.

Paralelamente, se utilizó la empresa Los Sauces S.A., constituida en 2006, para realizar maniobras similares en el sector inmobiliario. Esta sociedad adquirió departamentos lujosos en Puerto Madero y propiedades en Río Gallegos, donde los contratos de alquiler también carecían de lógica comercial, permitiendo que millones de pesos ingresaran a la empresa y luego fueran retirados por los Kirchner.

En el marco de esta investigación, cada miembro de la familia Kirchner desempeñó un rol específico. Néstor Kirchner y Cristina Fernández son considerados los jefes de la organización, mientras que Máximo Kirchner actuó como organizador, administrando las sociedades y manejando cuentas bancarias. La complejidad del esquema requería la colaboración de profesionales y testaferros, como Osvaldo Sanfelice, quien intervino en la compra del hotel Alto Calafate, y el contador Víctor Manzanares, que diseñó el andamiaje contable para justificar los ingresos.

Así, la acusación que defenderá el fiscal Velasco sostiene que la fortuna de la familia Kirchner creció de forma exponencial gracias a un plan sistemático de sustracción de fondos estatales y su posterior reingreso a sus bienes mediante negocios privados simulados con los mismos empresarios beneficiados por su gestión.