¡Escándalo en el Congreso! La oposición exige un debate urgente tras la nueva Ley de Inteligencia: ¿qué revelaciones impactantes se avecinan?

La modificación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional ha generado un gran revuelo en el ámbito político argentino, encendiendo las alarmas en la oposición. En este contexto, se busca convocar a la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, que tiene la facultad de autoconvocarse sin necesidad de un llamado formal de las autoridades de las cámaras legislativas, como Martín Menem desde Diputados o Victoria Villarruel desde el Senado.

Maximiliano Ferraro, del bloque de La Libertad Avanza, ha sido uno de los más vocales al respecto. En sus redes sociales, afirmó: “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”. Además, exigió que los cambios sean discutidos en el Congreso, argumentando la necesidad de un debate plural y un contralor efectivo sobre un asunto tan crucial.

La Comisión de Inteligencia

Hasta el 9 de diciembre, la Comisión Bicameral de Inteligencia era presidida por el senador de la UCR, Martín Lousteau, quien finalizó su mandato y se trasladó a la Cámara de Diputados. Actualmente, la comisión cuenta con 14 miembros: siete representantes de cada cámara legislativa. Hasta el momento, están designados 11 legisladores, con una representación variada de diferentes bloques.

Por el Senado, están Beatriz Ávila (Independencia), Eduardo de Pedro (UxP), Martín Gorerling Lara (Pro), Florencia López (UxP) y Edith Terenzi (Despierta Chubut). Desde la Cámara baja, Gabriel Bornoroni y César Treffinger (La Libertad Avanza), Mariela Coletta (Provincias Unidas), Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade (UxP) y Cristian Ritondo (Pro) también forman parte de la comisión. Aún faltan por designar un diputado y dos senadores, además de elegir autoridades.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Oscar Zago del MID, también deberá actuar, ya que tiene competencias para expedirse sobre la validez de los DNU y elevar sus resoluciones al plenario de las Cámaras. Ambas comisiones son permanentes y pueden autoconvocarse en cualquier momento del año, sin esperar un llamado presidencial.

Algunos legisladores ya anticipan reuniones para enero, donde se llevará a cabo un primer contacto con la norma y se podrían solicitar informes al organismo de Inteligencia.

Más opiniones desde el Congreso

Desde Unión por la Patria (UxP), Jorge Taiana expresó su preocupación: “Básicamente, es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial”. Taiana agregó que el Gobierno está avanzando en su objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, siguiendo impulsos de años desde el Comando Sur.

Por su parte, el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez advirtió que “(Javier) Milei está creando un peligroso aparato parapolicial. Se trata de una superestructura de control, espionaje y persecución que violará garantías constitucionales”. Desde el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo enfatizó que un tema tan relevante como la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debería discutirse en el Congreso y no a través de un DNU.

Ricardo Alfonsín, exdirigente de la UCR, solicitó la intervención de la justicia: “Si hay temas que deben ser dialogados, este es uno de ellos. Es obvio que Milei no quiso hacerlo. Esto es muy grave, porque no hay razones para el uso del DNU y debería ser impugnado en la Justicia”.

El Gobierno, por su parte, ha defendido la reforma, argumentando que los cambios están alineados con los más altos estándares democráticos. El decreto publicado en el Boletín Oficial estipula que todas las actividades de inteligencia se clasificarán como “encubiertas” para reducir el “riesgo estratégico nacional”.

El Gobierno también ha eliminado la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), argumentando que su existencia generaba superposición con otros organismos del Estado Mayor Conjunto. Con esta medida, se busca establecer un esquema más eficiente y coherente en materia de defensa, dejando atrás prácticas del pasado que implicaban persecución política y espionaje doméstico.

Así, la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional se convierte en un tema central en la agenda política argentina, con implicancias que van más allá de la simple normativa y que podrían afectar el equilibrio democrático en el país.