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La situación en el sector de la educación pública en España, y particularmente en Extremadura, está alcanzando un punto crítico. A medida que se acerca el momento de una huelga indefinida, los docentes extremeños se sienten cada vez más desamparados. Desde enero, han sido reconocidos como los peor pagados de España, y las promesas de homologación salarial han desaparecido del programa electoral del partido en el poder tras las elecciones del 21 de diciembre.

La huelga del 8 de octubre fue un claro reflejo de la indignación docente, logrando una participación del 80% del profesorado y congregando a más de 8,000 personas en una manifestación masiva en la ciudad de Mérida. Sin embargo, existe el temor de que todo este esfuerzo se reduzca a un solo día de protesta.

La ausencia de una negociación real para homologar los sueldos ha llevado a los educadores a prepararse para una lucha prolongada. Cada docente es instado a establecer un fondo de resistencia personal, lo que implica sacrificar gastos en ocio y entretenimiento para poder sostener una >huelga que podría extenderse en el tiempo. Esto no es solo un esfuerzo individual, sino que debe ser un esfuerzo colectivo que sustente la causa común.

La amenaza de conformarse con "migajas" de salarios, que a menudo son interpretadas como limosnas, es una preocupación real. Como educadores, tienen ante sí la oportunidad de recuperar al menos una parte de lo que han perdido, pero esto requiere unidad y perseverancia. La Junta de Extremadura tiene la capacidad y la obligación de abordar la homologación salarial para los docentes del sector público. Ignorar esta realidad sería desestimar la importancia de la educación en la sociedad.

Alfredo Aranda, vicepresidente de PIDE, ha expresado su esperanza de que los políticos que prometieron que la homologación salarial sería un punto irrenunciable en la formación de gobierno cumplan con su palabra. Para los docentes, esto no es solo una cuestión de dinero; es una cuestión de dignidad y respeto hacia una profesión que merece ser valorada debidamente.

La reflexión que se hace necesaria en este contexto es profunda: cada docente debe evaluar si está dispuesto a luchar por lo que les corresponde, no solo por su bienestar, sino también por el de sus hijos y sus familias. La opción de recurrir a las calles se presenta como un último recurso si las promesas de cambio no se materializan y las dudas sobre la acción del nuevo gobierno persisten.

A medida que el clima de descontento se intensifica, la comunidad educativa se encuentra en una encrucijada. ¿Optarán por la lucha prolongada o buscarán un acuerdo que respete su labor? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro de la educación en Extremadura, sino también el modo en que se valora la profesión docente en el país.