¿Realmente saben lo que nos cuesta vivir? La sorprendente verdad de la política de vivienda en Argentina que nadie quiere que sepas.

La situación de la **vivienda en Barcelona** se ha visto profundamente afectada en los últimos años por una serie de factores que han generado una notable **inseguridad jurídica** y una creciente **morosidad**. Este entorno ha trasladado la **vulnerabilidad del inquilino** directamente al propietario. La legislación, que algunos consideran pro-okupas, la lentitud del sistema judicial y normativas restrictivas han incentivado la venta de inmuebles que anteriormente eran arrendados. En este contexto, la oferta de alquiler de uso residencial permanente ha caído un **40%** en los últimos cinco años en la ciudad, junto con una escasa rotación entre los pocos que quedan disponibles.

La **Administración pública**, lejos de asumir su responsabilidad, ha optado por demonizar a la propiedad y a los fondos de inversión, que representan apenas un **5%** del parque inmobiliario. En vez de construir vivienda, se ha eludido la acción y se ha mantenido el statu quo. En Barcelona, el suelo disponible solo permite la construcción de **70.000 pisos**, con una mitad de titularidad pública y la otra mitad privada. En el **Área Metropolitana de Barcelona** (AMB), la cifra asciende a **217.000**, de los cuales el **55%** son considerados asequibles. Sin embargo, el **Plan Director Metropolitano** (PDUM), que debería haber reemplazado al Plan General de 1976, sigue sin ser aprobado. Aunque se presentó inicialmente en 2023, caducó dos años después debido a que no se tramitó a tiempo.

Un sistema que prioriza la recaudación

La actual administración ha convertido la **vivienda** en una máquina de recaudar, generando más impuestos que soluciones. Desde 2018, se ha impuesto la obligación de que **el 30%** de las nuevas promociones inmobiliarias se destinen a vivienda social, medida que ha resultado en la creación de apenas una treintena de pisos públicos, ahuyentando así la inversión privada hacia otras localidades. También sería beneficioso permitir el uso residencial en espacios que actualmente son comerciales, incentivando la transformación de edificios de oficinas en hogares y facilitando la ubicación de actividades económicas en plantas bajas.

Otras propuestas incluyen una revisión urbanística para aumentar la **edificabilidad**, permitiendo construir en altura y reemplazando suelos industriales poco valiosos por terrenos destinados a la nueva economía y la vivienda. Por ejemplo, el desarrollo de los alrededores de **Sagrera** podría redefinir el **22@ norte** para permitir más usos residenciales. Además, no se debe pasar por alto la necesidad de rehabilitar y subdividir propiedades. Cabe recordar que el parque de vivienda en Barcelona es el más antiguo de España, con un **10%** de las viviendas centenarias, y la ocupación por hogar es la más baja de **Catalunya**, disminuyendo año tras año.

La situación es alarmante: Barcelona cuenta con **1,73 millones** de habitantes, un **13%** más que hace 25 años, cuando eran **1,5 millones**. Sin embargo, las viviendas han crecido solo un **5%**, sumando apenas **46.000** nuevas unidades. La administración ha demostrado una falta de reacción ante este aumento poblacional, convirtiendo la vivienda en una fuente de ingresos fiscales. Más del **30%** de los costos asociados a la vivienda son tributos, incluyendo impuestos sobre el suelo, urbanización, construcción y venta. Esto representa un negocio lucrativo que se beneficia de las necesidades habitacionales de la población.

La demanda de pisos de alquiler permanente es ahora más baja que nunca y los precios no han disminuido. La **Administración**, en su búsqueda insaciable de impuestos, ha fracasado en su obligación de construir vivienda social, creando una política desastrosa que resulta en una oferta ruinosa, tanto en cantidad como en precio. Es imperativo que se reevalúe este frágil sistema para lograr una edificación rápida y sólida que responda a las necesidades de los barceloneses.