¡Increíble! La Registraduría y el CNE gastan MÁS de 2 BILLONES en elecciones 2026: ¿Qué está en juego?

Las elecciones de 2026 en Colombia se presentan como un hito histórico, con una inversión pública sin precedentes que supera los 2,7 billones de pesos colombianos. Este esfuerzo, dirigido por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE), está destinado a garantizar la organización y la seguridad del proceso electoral, crucial en un contexto político y social con desafíos significativos.

Según un informe de El Espectador, en los últimos ocho meses, se han firmado 30 contratos relevantes que abarcan aspectos logísticos, tecnológicos y de seguridad. Estos contratos van desde la inscripción de cédulas hasta la digitalización de actas y el alquiler de espacios, duplicando el presupuesto anual de entidades como el Congreso y el Ministerio de la Igualdad. La mayor parte del presupuesto recae en la Registraduría, que comenzó sus contrataciones en abril de 2025.

El acuerdo más destacado fue el firmado con la multinacional Thomas Greg & Sons, que se adjudicó un contrato por 2,1 billones de pesos para el suministro de kits electorales y servicios logísticos asociados. Esta compañía, a pesar de haber sido retirada de la expedición de pasaportes por el Gobierno, tiene casi 20 años de experiencia en contratos electorales en el país.

En el ámbito tecnológico, la empresa española Indra destaca con contratos que suman 47.900 millones de pesos para la verificación y divulgación de resultados, junto a 7.100 millones para la actualización y mantenimiento del sistema informático de escrutinio. Indra ha estado involucrada en procesos electorales colombianos desde 2011 y es responsable del desarrollo del sistema informático que ha sido transferido al CNE.

Además, la Registraduría ha destinado fondos para el alquiler de Corferias en Bogotá, que asciende a 7.600 millones, así como para la contratación de servicios de seguridad informática con UNE-EPM por 41.000 millones y campañas publicitarias que promueven la participación ciudadana, apoyadas con 36.000 millones.

El total de convenios y contratos asciende a 27, de acuerdo con el registro de El Espectador. Un acuerdo adicional con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, valorado en 25.000 millones, se encargará de realizar auditorías externas de los procesos y sistemas electorales.

El CNE ha logrado consolidar su autonomía presupuestal, contando este año con un fondo superior a 1 billón de pesos. Entre sus principales contratos se encuentra uno con LinkTic S.A.S. por 384.000 millones que se enfocará en soluciones tecnológicas para la acreditación de testigos electorales, observadores y auditores. Sin embargo, la adjudicación de estos contratos ha suscitado observaciones por parte de otras empresas que critican los requisitos técnicos exigidos.

La protección electoral también ha cobrado relevancia, con la intervención de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que ha reservado 30.000 millones para el alquiler de vehículos blindados destinados a candidatos. El proveedor elegido, GMW Security Rent a Car, está actualmente bajo investigación por la Superintendencia de Industria y Comercio por supuesta cartelización.

A pesar de las dificultades administrativas y los retrasos en los pagos a proveedores, el registrador nacional, Hernán Penagos, ha afirmado que ni el calendario ni el desarrollo de los comicios están en riesgo. Sin embargo, el panorama se complica por un conflicto entre el Gobierno central y los gobernadores, quienes rechazan medidas fiscales excepcionales y consideran impugnar nuevos impuestos propuestos por el Ejecutivo, lo que añade presión sobre el cumplimiento de los compromisos presupuestarios de las instituciones involucradas.

En resumen, este proceso electoral de 2026 en Colombia avanza en un contexto desafiante, pero las autoridades mantienen la confianza en que las etapas clave se cumplirán según lo previsto, asegurando un ejercicio democrático vital para el país.