¿Sabías que el 80% de los trámites son un dolor de cabeza? ¡Descubre cómo lo van a cambiar todo!
El 21 de enero de 2026, en Tlaxcala, se dio inicio a la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una medida clave que obligará a todas las instituciones públicas a simplificar, reducir, homogeneizar, digitalizar y agrupar en una única plataforma todos los trámites de índole federal, estatal y municipal. El objetivo es claro: eliminar la discrecionalidad, frenar la corrupción y facilitar a la ciudadanía el acceso a sus derechos, al mismo tiempo que se busca disminuir el peso de la burocracia.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) liderará este proceso en Tlaxcala, donde se han identificado 463 trámites y 417 servicios a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMERT). Javier Marroquín Calderón, titular de SEDECO, expresó:
"Sabemos que todos los trámites son tardados y a veces es complicado sacarlos. Por eso debemos hacer la vida más fácil a todos los ciudadanos."
Según Julio César Portillo Caballero, titular de la CEMERT, en promedio cada persona debe realizar 483 trámites a lo largo de su vida, con un 85% de estos trámites pertenecientes a la jurisdicción local y solo el 15% restante a nivel federal. La reforma constitucional aprobada en abril y la creación de esta ley en junio del año pasado buscan reducir esos números.
Portillo Caballero añadió:
"Con esta nueva ley, lo que buscamos es que la visión de los trámites y servicios de todas las entidades se planteen atendiendo a estos principios: Reducir los costos burocráticos. ¿Qué entendemos por costo burocrático? No es el monto que el ciudadano paga por un derecho o un aprovechamiento. Es lo que el ciudadano paga por tener que trasladarse, por tener que sacar copias, por tener que dar vueltas."
La implementación de esta ley se basará en un Modelo Nacional de Eliminación de Trámites Burocráticos que se complementará con modelos de simplificación, digitalización y homologación de trámites. La Agencia de Transformación Digital comenzará a trabajar en la creación de lineamientos, criterios y metodologías, así como en el diseño de un Portal Ciudadano Único que concentrará todos los trámites del país.
Entre los cambios que traerá esta ley destaca el reconocimiento de la identidad digital a través de la herramienta Llave Mx, que estará vinculada a la CURP biométrica, permitiendo realizar trámites en línea con la certeza de que tanto los documentos digitales como los impresos tendrán el mismo valor. Esto incluye la creación de expedientes digitales que evitarán la duplicidad de documentos.
Portillo Caballero enfatizó:
"Lo que se busca es facilitar el acceso a derechos y el cumplimiento de obligaciones. [...] Siempre comentamos que los ciudadanos se acercan a nosotros, pero más que para saludarnos es para que nosotros les podamos brindar un trámite, un servicio, les facilitemos sus derechos y ésa es una prioridad."
El funcionario también añadió que una de las metas del gobierno de Claudia Sheinbaum es la apropiación de infraestructura tecnológica, utilizando el talento humano formado en universidades para crear un Repositorio Nacional de Tecnología Pública mediante una Fábrica de Software con código abierto. Esto permitirá a las instituciones adaptarlo según sus necesidades, siempre que los datos se almacenen físicamente en el país.
Este modelo se basa en la confianza en la ciudadanía. Portillo Caballero comentó que a menudo se establecen reglas complejas que dificultan el cumplimiento de obligaciones:
"Cuando la mayoría de los ciudadanos que se acercan a nosotros quieren generar un servicio sin afectar [...] No los tratemos en el sentido de que siempre quieren hacer mal las cosas; el ciudadano quiere cumplir con sus obligaciones, pero si se les hace complicado, a veces es difícil para ellos cumplir."
Al tratarse de una ley nacional, no requiere armonización a nivel local y afecta a todos los entes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos y ayuntamientos. Por lo tanto, la Agencia de Transformación Digital podrá emitir recomendaciones vinculantes, obligando a cada ente a designar un enlace para supervisar el proceso.
La primera reunión sobre la aplicación de esta ley reunió a representantes de la administración pública estatal y se prevé que se convoque a funcionarios de los 60 ayuntamientos del estado, así como a legisladores y organismos autónomos para avanzar en la agenda que busca transformar la burocracia en el país.
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