¡Increíble! El 50% de los trabajadores en Argentina queda fuera del sistema: ¿qué significa realmente?

El debate sobre la reforma laboral en Argentina ha cobrado un nuevo impulso, y en medio de este contexto, el abogado laboralista Matías Chiozza ha compartido su visión sobre la propuesta impulsada por el Gobierno Nacional. En una entrevista en el programa Levantate por Radio Sapiens (FM 107.7), Chiozza destacó la importancia de abordar problemas reales que afectan el mundo del trabajo y la necesidad de involucrar a expertos del Poder Judicial en la discusión.

Chiozza subrayó que nos encontramos ante un “momento histórico”, dado que la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada en 1974, no ha sido modificada en forma directa en casi cinco décadas. Esta reforma ofrece una oportunidad única para repensar y actualizar normativas que afectan a millones de trabajadores en el país.

Uno de los puntos centrales de su análisis se refiere a la alta litigiosidad en el sistema laboral argentino, que, según Chiozza, es el resultado de la inacción de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). “El sistema que se creó en la década del 90 no está funcionando bien”, afirmó, y agregó que si hay un alto número de juicios laborales por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, “quiere decir que algo no está funcionando”.

“Las ART tratan de asumir la menor responsabilidad posible, dar la menor cantidad de prestaciones, y esto genera un desfasaje en el sistema”, planteó Chiozza, quien también criticó el funcionamiento de las “comisiones médicas jurisdiccionales”. Aunque valoró su creación, expresó que no cumplen adecuadamente su función, lo que termina llevando a muchos trabajadores a judicializar sus casos.

Además, el abogado destacó que la salud mental de los trabajadores es un área que ha cobrado relevancia en el siglo XXI, con un aumento notable de trastornos de ansiedad y angustia vinculados al trabajo. “Para las ART, esto es materia ajena a sus prestaciones”, lo que contribuye a la judicialización de casos y a una mayor carga para las obras sociales.

Chiozza también advirtió sobre la importancia de una revisión y crítica constante del sistema, enfatizando que “las ART, cuando tuvieron que pagar lo que correspondía, empezaron a presionar para evitar esos pagos”. Como ejemplo, mencionó a un trabajador en necesidad de una intervención quirúrgica, cuya demanda se ve complicadas por dictámenes de comisiones médicas a menudo imprecisos.

“Las ART se quejan de estar desbordadas de juicios. Es lógico, es fruto de su inacción y de su incompetencia para resolver los problemas de los trabajadores”, resaltó Chiozza, quien instó a que se ponga el tema en discusión y se analicen las razones detrás del abuso judicial contra estas entidades.

Reforma Laboral: voces y desafíos

El abogado definió el debate sobre la reforma laboral como “un momento histórico” y resaltó la necesidad de una negociación profunda que incluya a todos los actores involucrados. “Veo con buenos ojos que el gobierno haya abierto la negociación, pero falta que más voces se sumen al diálogo. ¿Quiénes van a interpretar la ley de modernización laboral? Los jueces”, planteó.

Chiozza enfatizó que una ley es más que su contenido; también incluye su interpretación en tribunales. Por lo tanto, es crucial establecer pautas claras para reducir la judicialización. “Las leyes laborales no solo son lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo, sino también lo que dicen los jueces”, advirtió.

Refiriéndose a las modificaciones impulsadas por el presidente Javier Milei mediante el decreto 70/23 y la Ley Bases, mencionó que las nuevas figuras de “trabajadores independientes y sus colaboradores” no han sido utilizadas por los empresarios, quienes temen posibles judicializaciones que podrían resultar más costosas.

En cuanto al concepto de “industria del juicio”, Chiozza admitió que existen excesos, citando el “caso Barrios” en la provincia de Buenos Aires, que permite una actualización monetaria de las indemnizaciones. Explicó que una indemnización que en 2022 se estimaba en 10 millones de pesos podría ascender a 300 millones de pesos en 2025.

Finalmente, Chiozza concluyó que es fundamental que la legislación se considere en función de la jurisprudencia vigente y en el contexto del derecho internacional. “Los problemas reales del mundo del trabajo no se van a solucionar solo con una ley. Estos pueden ayudar, pero el verdadero desafío es que hay un 50% de trabajadores fuera del sistema”, enfatizó.