¿Estás listo para el cambio? ¡Descubre cómo la nueva ley de transporte podría afectar a MILLONES de argentinos!

En las últimas presentaciones ante el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, se ha puesto de manifiesto una situación alarmante: la falta de respuestas formales y el silencio administrativo en torno al funcionamiento del sistema de transporte urbano. Esta situación se ha presentado ante diversos organismos, incluyendo la Municipalidad, la Dirección General de Transporte, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El silencio persistente por parte de las autoridades exacerba una preocupante falta de información pública, especialmente en lo que respecta a los aspectos económicos del sistema.

Ante este panorama, se hace imprescindible un cambio de enfoque estructural en la gestión del transporte. Por ello, se ha propuesto la creación de una Empresa Estatal Municipal de Transporte Público de Pasajeros Gratuito, que permitiría administrar de manera directa y transparente los recursos públicos. Esto podría contribuir a reducir la intermediación privada en el manejo de subsidios, además de garantizar un servicio regular y planificado para todos los usuarios. En la actualidad, el sistema enfrenta tarifas en constante aumento, subsidios significativos y, sin embargo, un servicio que no siempre satisface las necesidades de los ciudadanos.

Es fundamental reconocer que el problema del transporte en San Miguel de Tucumán no es simplemente financiero; se trata de un asunto estructural y de gestión. Por ello, se hace necesario exigir claridad a las autoridades competentes sobre el uso de los recursos públicos. En este sentido, se ha solicitado públicamente que se informe de manera clara y verificable sobre varios aspectos:

1) El monto total de los subsidios destinados al transporte público en San Miguel de Tucumán;

2) Los criterios de distribución entre las empresas prestatarias;

3) Los parámetros utilizados para su cálculo;

4) Los organismos responsables del control y fiscalización de dichos recursos.

La falta de transparencia y el acceso restringido a la información afectan directamente a los ciudadanos, quienes tienen derecho a conocer cómo se manejan los recursos que hacen posible el servicio de transporte. El silencio administrativo no solo debilita al Estado, sino que también socava la confianza de los usuarios en el sistema de transporte. Es urgente que las autoridades respondan a estas demandas y ofrezcan una rendición de cuentas que fortalezca la gestión pública.

El llamado a una transparencia en la gestión de subsidios y en la administración del sistema de transporte es más que un reclamo; es una necesidad inminente para asegurar un servicio acorde a las expectativas y necesidades de los tucumanos. La implementación de un sistema de transporte público gratuito gestionado por el Estado podría ser una solución viable, que garantice el derecho al transporte como un aspecto esencial de la política pública.

Los desafíos que enfrenta el sistema de transporte urbano en San Miguel de Tucumán reflejan una problemática más amplia en el país, donde la falta de inversión y la gestión ineficaz han llevado a un deterioro en la calidad del servicio. La propuesta de establecer una empresa estatal no es solo una solución a corto plazo, sino un paso hacia un modelo más sostenible y equitativo que reconozca el transporte como un derecho social.

Es momento de que las autoridades escuchen las demandas de los ciudadanos y actúen en consecuencia, asegurando que el transporte no solo sea un servicio, sino un derecho accesible para todos. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son pilares fundamentales que deben guiar la política de transporte en nuestra provincia. La comunidad de San Miguel de Tucumán merece un sistema de transporte que funcione, que sea eficiente y que esté al servicio de todos, y no solo de unos pocos.