¡Impactante! Madrid sabí a que las residencias NO podían manejar la covid: ¿Quiénes son los culpables? ¡Descubrilo ya!

En medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de covid-19, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, había sido advertido desde el inicio de la emergencia sobre la inadecuación de las residencias de mayores para el tratamiento de personas contagiadas. A pesar de ello, las derivaciones a hospitales disminuyeron drásticamente en los momentos más críticos de la primera ola de contagios. Esta situación ha resurgido recientemente a la luz de una serie de correos internos que han salido a la luz gracias a la investigación judicial en curso, en la que se indaga un posible delito de discriminación en el acceso a la sanidad pública.

El 12 de marzo de 2020, el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presentó un plan para “medicalizar” las residencias. Sin embargo, solo ocho días después, Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria, alertó que ese modelo no estaba funcionando y instó a trasladar a más residentes a los hospitales. En un correo fechado el 20 de marzo, Mur subrayó la urgencia de derivar “a aquellos que podamos salvar” y de ayudar a los demás a “morir dignamente”, expresando su deseo de que “ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”.

Curiosamente, a pesar de esta advertencia, las derivaciones hospitalarias alcanzaron su nivel más bajo entre el 20 y el 22 de marzo, según la información recopilada por la comisión ciudadana por la verdad en las residencias. Más de 7.200 personas residentes murieron en marzo y abril sin haber sido trasladadas a un hospital, según las estadísticas oficiales de la Comunidad de Madrid y del Instituto Nacional de Estadística.

Revelaciones sobre la respuesta institucional

Estos correos, publicados casi seis años después de los hechos, son fundamentales para la investigación judicial que aún está en curso sobre las muertes en residencias durante la primera ola. Las asociaciones de familiares han conseguido la imputación de cuatro ex altos cargos autonómicos, entre ellos Mur, y han solicitado que tanto Ruiz Escudero como Ayuso sean investigados.

El 22 de marzo, el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, advirtió a través de un correo sobre el “abandono” de las residencias y las muertes “indignas”, señalando una “discriminación de graves consecuencias legales”. Estos mensajes reflejan la tensión dentro del gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, una fractura que, según los investigadores, afectó la respuesta institucional en un momento crítico.

Mur, responsable de conectar la red sanitaria pública con las 475 residencias de mayores en la región, se reunió el 13 de marzo con un grupo de médicos que actuarían como “geriatras de enlace” para filtrar las solicitudes de hospitalización. Su protocolo inicial excluía a los pacientes con mayor dependencia para evitar el colapso hospitalario, y un nuevo protocolo más flexible se firmó el 20 de marzo.

El 20 de marzo, Mur describió la situación como “espantosa”, justo tres días después de que se reportara la muerte de al menos 19 personas en la residencia Montehermoso. A pesar de las advertencias de Mur sobre la falta de médicos en las residencias, la atención no se incrementó hasta el 6 de abril. Durante ese tiempo, numerosos testimonios apuntan a que cientos de ancianos agonizaban sin el acompañamiento sanitario adecuado.

La falta de atención médica y la baja de traslados desde las residencias son críticos. Antes de la pandemia, el promedio era de unas 120 hospitalizaciones diarias. Sin embargo, entre el 7 y el 31 de marzo, la media cayó a 65, cuando lo esperado era un aumento debido al incremento de contagios. Los correos internos ponen de relieve que el Ejecutivo madrileño era consciente de las limitaciones del modelo de “residencias medicalizadas” y, a pesar de ello, tomó decisiones que restringieron el acceso a hospitales en los días más letales de la pandemia.

Esta situación no solo genera preguntas sobre la gestión de la crisis sanitaria, sino que también subraya la importancia de una respuesta institucional más efectiva ante futuras emergencias. Con más de 7.200 vidas perdidas y una justicia que aún busca responsabilidades, es un momento crucial para reflexionar sobre cómo se manejan las crisis en el sector de la salud pública en España.