¡Alerta! El ciclo que se agota en 72 horas: ¿qué significa para tu futuro financiero?

El discurso reciente de Gérardo Morales, gobernador de Jujuy, ha generado reacciones encontradas, especialmente por su tono triunfalista que parece desentonar con la realidad actual de la provincia. Morales afirmó haber dejado atrás décadas de violencia institucional, una declaración que resulta provocadora, dado el contexto de numerosas denuncias por violencia estatal que han surgido en su administración, especialmente durante las recientes protestas sociales y la reforma constitucional.

La situación es grave, ya que la violencia institucional no se percibe solo como una acción aislada de las fuerzas de seguridad, sino como parte de una política de estado diseñada para silenciar la disidencia. Las acusaciones que se han presentado ante la justicia federal sugieren incluso una posible complicidad del poder judicial provincial, que habría facilitado un andamiaje de persecución mediante reformas institucionales. Según los denunciantes, estas reformas buscan anular la división de poderes y asegurar la impunidad.

En el ámbito económico, Morales celebra haber superado el déficit crónico de administraciones anteriores, proclamando un supuesto superávit. Sin embargo, muchos cuestionan esta estabilidad financiera, ya que parece haberse logrado a costa de los trabajadores y la ciudadanía. Se ha reportado que el salario real de los empleados públicos ha sido “pisado”, y se han realizado recortes en áreas estratégicas del estado, todo en un contexto socioeconómico que ya era extremadamente difícil. La pregunta que surge es: ¿a qué costo se ha logrado este equilibrio fiscal?

Por su parte, el gobernador Sadir hizo un llamado al compromiso de todos los jujeños, alegando que han apoyado este proyecto desde 2015. Esta afirmación se siente desconectada de la realidad, pues en las urnas, los jujeños enviaron un claro mensaje de hartazgo en la última contienda electoral. Esto parece no preocupar lo suficiente a la actual gestión. Es, además, una irresponsabilidad política afirmar que el gobierno cree en la gente mientras la provincia enfrenta una grave crisis de inseguridad, con ciudadanos que pierden la vida y una respuesta oficial que se limita al silencio o a reacciones tardías.

Sadir también mencionó que el gran desafío es lograr más producción, pero la falta de acción y la improvisación son evidentes. Actualmente, la provincia no cuenta con un ministro de producción; Abud Robles parece desempeñarse más como un “cajero” al servicio del poder que como un líder con una visión clara de desarrollo productivo. Además, no se vislumbra una verdadera generación de empleo de calidad, ya que la inversión privada es escasa. Un claro ejemplo de esta situación se encuentra en el parque industrial de Perico, donde se han denunciado contrataciones de un número significativo de trabajadores extranjeros, en violación de una ordenanza que prioriza la mano de obra local.

En este contexto, hablar de una mejor calidad de vida para los jujeños se convierte en otra de las grandes falacias del discurso oficial. La realidad muestra un panorama desolador, en el que las promesas de un futuro mejor chocan con la impotencia de un gobierno que parece carecer de gestión efectiva. Este evento reciente no logró disimular la realidad: un gobierno que intenta, sin éxito, ocultar las evidentes señales de desgaste político y social.