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La reciente actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Argentina está generando expectativas y tensiones en un contexto económico complejo. A pesar de que la nueva canasta de consumo es más representativa que la actual, que se basa en hábitos de consumo de hace dos décadas, presenta diferencias significativas que pueden impactar a los inquilinos y al costo de vida en general.

Según fuentes conocedoras del trabajo técnico, el IPC ajustado se asemejará más al de la Ciudad de Buenos Aires, al menos en lo que respecta a la región del Gran Buenos Aires. La Dirección de Estadísticas porteña ya comenzó a medir este índice utilizando la canasta de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO), publicada a fines de 2019.

El impacto del IPC en los inquilinos

Una de las cuestiones más relevantes es cómo se mide el costo de los alquileres. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires lo calcula basándose en publicaciones de plataformas como Zonaprop, el INDEC utiliza un método más amplio que incluye encuestas presenciales, lo que resulta en cifras más elevadas. Este cambio es crítico considerando que el gasto en vivienda para las familias inquilinas ha sido reportado como el doble del promedio nacional, alcanzando el 28,2% del ingreso disponible en todo el país, con un porcentaje aún más alto en el área metropolitana.

Con la nueva metodología, se observa una reducción en el peso de la categoría de Alimentos y bebidas, que pasará del 25,7% al 22,6% a nivel nacional. Sin embargo, esta categoría representa 23,4% en el Gran Buenos Aires y 35,3% en el Noreste, lo que indica que las necesidades alimentarias son distintas a lo largo del país. En contraposición, el rubro Vivienda, que incluye servicios como agua, electricidad y gas, verá un incremento notable en su ponderación, pasando del 10,5% actual al 15,1% en el GBA, y 14,5% a nivel nacional.

Además, la categoría de Transporte también tendrá un mayor peso en la canasta del IPC, subiendo del 11,6% al 13,9% en el área metropolitana, y alcanzando un 14,3% a nivel nacional. Estos cambios reflejan la realidad de un país donde los costos de movilidad y vivienda son fundamentales para la economía familiar.

Las implicancias de estas revisiones son significativas en un momento en que el gobierno, bajo la dirección de Javier Milei y Toto Caputo, busca acelerar el proceso de desinflación. A fin de año, Milei prometió que la inflación mensual comenzaría con cero a partir de junio o agosto, basándose en una tesis que sugiere que el rezago de la política monetaria sería de 26 meses. Sin embargo, muchos economistas consideran que la desinflación será mucho más lenta, con una estimación del IPC en 2026 ligeramente por encima del 20% tras el 31,5% anual reportado recientemente por el INDEC.

La Ciudad de Buenos Aires también ha anunciado aumentos en las tarifas de transporte público, con incrementos de 6%, más uno o dos puntos adicionales por encima del IPC mensual. Estos aumentos en las tarifas de colectivos, que ya fueron ajustados el año pasado, tendrán un impacto significativo en la nueva canasta del IPC, dado que el transporte incide más que otros medios, como los trenes, que han tenido aumentos menores.

Por otro lado, los aumentos en las tarifas de energía seguirán una tendencia similar. A pesar de que el trabajo preliminar está completo, los precios de la energía deberán subir más que el IPC para continuar con la eliminación de subsidios, lo cual también afectará la medición del IPC, especialmente tras la migración de la facturación bimestral a mensual en áreas como las cubiertas por Edenor y Edesur.

Finalmente, el director del INDEC, Marco Lavagna, está a punto de anunciar la nueva metodología del IPC, un proceso que ha estado en espera desde octubre. Aunque el nuevo índice ha estado probado por más de un año, Lavagna ha decidido esperar el momento adecuado para implementarlo, considerando que un cambio en medio de alta inflación podría distorsionar los resultados. Esto se ve reflejado en los aumentos de precios que, aunque desiguales, ahora comienzan a tener una línea de base más consistente.

Con todas estas modificaciones, el nuevo IPC promete ser una herramienta más adecuada para reflejar la realidad económica de los argentinos, lo que resulta fundamental en un momento donde el control de la inflación es crucial para el bienestar de las familias. La atención estará en cómo estas cifras influirán en el día a día de los ciudadanos y en la estabilidad económica del país.