¡Descubre cómo 5 políticos argentinos robaron millones en plena crisis de Derechos Humanos! ¿Te lo vas a perder?

La víspera del 9 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, y del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos invita a reflexionar sobre la intersección entre estos dos temas críticos que afectan la vida de millones en todo el mundo, y, en particular, a los argentinos.

La primera de estas fechas fue establecida por la Asamblea de Naciones Unidas tras la firma de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en diciembre de 2003, que entró en vigor en 2005. En esos debates, Bolivia se presentó con un equipo sólido de diplomáticos y técnicos, y su Congreso, en ese momento controlado por una mayoría de parlamentarios liberales, ratificó el instrumento, tal como había hecho previamente con la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) en 1997, la primera a nivel hemisférico.

América Latina ha impulsado esta normativa no solo porque la corrupción, herencia de dictaduras militares, se ha convertido en la principal barrera para el desarrollo, sino también porque casos extremos en países como Perú y Ecuador llevaron a la creación de convenciones específicas. La CICC, además, estableció rondas complementarias que incluyen medidas de prevención como el acceso a la información pública, la difusión de contratos y pagos a todos los niveles del estado, y la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas por parte de funcionarios públicos.

Sin embargo, la implementación de estas convenciones en Bolivia ha sido un vaivén de avances y retrocesos desde 2005, ya que la coordinación ha estado en manos de personajes con escaso conocimiento y alta politización. La iniciativa del Estatuto del Funcionario Público, firmado por el entonces presidente Jorge Quiroga para fomentar la meritocracia, fue archivada, y el país no avanzó en la mejora de la administración pública ni en la independencia de la Contraloría.

La corrupción, como fenómeno, involucra tanto a actores del estado como a particulares o empresas privadas. Las empresas, muchas veces creadas solo para participar en licitaciones, a menudo permanecen en la impunidad, perpetuando un ciclo de corrupción que erosiona la confianza pública y el estado de derecho.

Este entorno corrupto está intrínsecamente ligado a la violación de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948, establece que el estado frecuentemente actúa como perpetrador de violaciones. Un gobierno que respeta las leyes y la constitución difícilmente persigue a quienes piensan diferente o a periodistas. Por el contrario, los estados más transparentes tienden a disfrutar de amplias libertades de prensa y elecciones confiables.

La Corrupción y su Contexto Global

Los regímenes que encarcelan a opositores, asesinan a líderes sociales y clausuran medios de comunicación suelen florecer en un ambiente de corrupción, donde conviven con mafias y crimen organizado. Ejemplos extremos de esto se pueden observar en países como la Rusia de Vladimir Putin, cuyo gobierno ha sido criticado no solo por su autoritarismo interno, sino también por la invasión a Ucrania, un conflicto que ha tenido repercusiones económicas globales y que ha desviado fondos que antes se destinaban a cooperación internacional.

Por otro lado, Estados Unidos, que alguna vez se presentó como un bastión de los Derechos Humanos, ha visto un deterioro en su imagen bajo la administración de Donald Trump, lo que ha contribuido a un ambiente de polarización y enfrentamiento. La erosión de valores fundamentales ha llevado a un aumento en la corrupción y la violación de derechos en varios contextos, afectando a la estabilidad global.

El panorama en América Latina no es más alentador. El fracaso de la izquierda no solo se ha evidenciado en su gestión administrativa, sino también en su incapacidad para respetar los Derechos Humanos que anteriormente promovieron. El año 2025 podría ser recordado como el final de un ciclo que enterró las utopías ingenuas que una vez inspiraron movimientos sociales en la región.

En este contexto, las conmemoraciones del 9 y 10 de diciembre no son solo fechas en el calendario, sino un llamado a la acción y a la reflexión sobre nuestra propia realidad en Argentina y en el mundo. La lucha contra la corrupción y la defensa de los Derechos Humanos deben estar en el centro de cualquier agenda política y social que aspire a un futuro más justo y equitativo para todos.