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Una reciente investigación interna del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha sacado a la luz un episodio oscuro de la gestión del gobierno de Alberto Fernández. La pesquisa revela cómo se otorgaron autorizaciones discrecionales para operaciones con el dólar oficial en un contexto de severas restricciones cambiarias para la ciudadanía.

El relevamiento incluye la apertura de cuatro sumarios que ya fueron presentados en la Unidad de Información Financiera (UIF). Estos sumarios se convirtieron en una denuncia que actualmente se encuentra en el juzgado de María Romilda Servini, junto con una investigación complementaria del BCRA que involucra a 9 bancos, 90 casas de cambio y 200 personas físicas.

La mecánica de las operaciones es alarmante y recuerda a las arbitrariedades que se vivieron durante el aislamiento social en la pandemia. En aquel entonces, sectores críticos como el de la salud se vieron privados de importar insumos, mientras que un grupo selecto de empresas, bancos y casas de cambio privilegiadas accedían a divisas oficiales a precios subsidiados. Esta situación les permitía, en cuestión de minutos, cambiar esos dólares por pesos en un mercado informal donde la brecha superaba, en muchos casos, el 100%.

Según cálculos preliminares, este negocio millonario, facilitado por funcionarios del BCRA y el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, podría haber superado los 1400 millones de dólares entre 2022 y 2023. La investigación indica que la mayoría de estos movimientos no estaban relacionados con importaciones necesarias, sino con compras que bancos y casas de cambio realizaban para mantener o pagar préstamos mutuos de ahorristas.

Un dato preocupante es que algunos de los dólares oficiales terminaron en manos de agentes que no contaban con los fondos suficientes ni las características financieras para justificar sus adquisiciones. Algunos informes de la UIF sugieren que podrían haber actuado como “prestanombres”. Entre las irregularidades, se destaca que hay monotributistas que hicieron compras por hasta 415.000 dólares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que accedieron a 150.000 dólares.

Lo sorprendente es que la causa, que lleva más de un año en el juzgado de Servini, ha tenido escasos avances y casi ninguna filtración hasta que fue revelada por LA NACIÓN. Hasta ahora, el único movimiento significativo ha sido un pedido de requisitoria del fiscal Carlos Stornelli, que no tiene delegada la investigación, sobre una lista de propietarios de casas de cambio sospechosas de tener vínculos con la política, principalmente con el Frente Renovador de Massa.

Ante esta situación, el BCRA evalúa la posibilidad de presentarse como querellante para aportar nuevas pruebas y dar un nuevo impulso a la causa. Sin embargo, esta decisión se complica por la pérdida de facultades de la UIF en 2025, cuando un decreto eliminó su capacidad de intervenir en causas de lavado de activos y corrupción. Esta medida se tomó en medio de tensiones políticas relacionadas con la gestión del gobierno de Javier Milei y su vínculo con funcionarios que fueron investigados durante el kirchnerismo.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de que se activen todos los mecanismos necesarios para llegar a la verdad y sancionar a los responsables. La falta de progreso en la causa y las conexiones entre el sector privado y el público plantean interrogantes sobre la transparencia y la justicia en Argentina. Es fundamental que la ciudadanía esté atenta a estos desarrollos, que no solo afectan el ámbito financiero, sino que también tienen implicaciones directas en el bienestar económico del país.