¡Descubre el inesperado plan B del Gobierno que podría cambiar tu bolsillo para siempre!

La reforma tributaria que busca financiar el presupuesto del Estado colombiano para 2026 parece estar en una encrucijada crítica en el Congreso. Mientras el tiempo avanza, las maniobras que dilatan la discusión en el Senado y las mesas conjuntas estancadas han culminado en una ponencia negativa de la mayoría de la comisión que está analizando el proyecto. Este proceso se lleva a cabo en medio de la intención del Gobierno de Gustavo Petro de recaudar 16,3 billones de pesos (aproximadamente 4.000 millones de dólares) para cubrir el faltante en sus cuentas. Sin embargo, la situación no es del todo desesperante, ya que existe un plan alternativo conocido como la Ley de Reactivación Económica, que ha superado su primer debate y se perfila como una opción más viable para la recolección de ingresos.

Olga Lucía Velásquez Nieto, representante a la Cámara del partido Alianza Verde y coordinadora de esta iniciativa, destacó que la ley podría recaudar hasta 12 billones de pesos. “Lo responsable es que miremos de dónde sale esa plata, y no que se quede desfinanciado el Estado”, afirmó. Además, expresó que esta medida busca evitar el cierre de aproximadamente 8.000 compañías que están al borde de la quiebra. La propuesta incluye alivios tributarios para empresas en crisis, como descuentos del 90% en intereses, multas y sanciones sobre deudas fiscales, además de mecanismos de conciliación para procesos judiciales. Se intenta, de esta manera, sustituir el aumento de impuestos que se ha propuesto tradicionalmente, ofreciendo incentivos para que los morosos regularicen su situación.

A pesar de los beneficios que algunos ven en esta propuesta, ha enfrentado críticas. La senadora Angélica Lozano, también del partido Alianza Verde, expresó su preocupación: “Es un mal precedente que se alivie a los morosos sin ninguna consecuencia. Se le dice a los colombianos que no pasa nada con que no cumplan sus obligaciones tributarias”. Además, la Corte Constitucional ya ha prohibido las amnistías fiscales. Sin embargo, la Ley de Reactivación también contempla algunas aumentos de impuestos, dirigidos a sectores específicos que podrían ser justificados como correcciones de desigualdades económicas. Por ejemplo, se propone incrementar del 3% al 6% el impuesto a plataformas extranjeras como Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y Alphabet (dueña de Google), que venden publicidad en Colombia. Velásquez argumenta que “la OMS ya habla de una pandemia de salud mental en el siglo XXI avivada por las redes sociales”. También se sugiere extender el impuesto del tabaco a dispositivos como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, así como aplicar el 19% de IVA a compras de bajo valor en plataformas como Shein o Temu, buscando frenar la competencia desleal y estimular el comercio local.

El Déficit Fiscal en Aumento

La necesidad de más recursos es innegable. Sin la aprobación de la reforma tributaria, el déficit fiscal podría escalar al 8% del PIB, una cifra sin precedentes en la historia reciente. Según datos del Ministerio de Hacienda, a septiembre de 2023, el déficit alcanzaba 98,4 billones de pesos (equivalente al 5,4% del PIB), que son 27 billones más que el año anterior. Luis Carlos Reyes, primer director de la DIAN bajo el Gobierno de Petro, se refirió a la situación de forma contundente: “Es la crónica de una muerte anunciada”.

El diagnóstico de Reyes resalta una percepción negativa sobre el uso del presupuesto, que es visto como “un agujero negro al que le echas plata y no sabes qué tanto se usa bien”. A este sentimiento se añade la resistencia política a aumentar los impuestos, como lo apunta Velásquez, quien menciona que los presidentes de las comisiones terceras y cuartas del Senado han reconocido que no hay suficientes votos para avanzar con la reforma de financiamiento.

No sorprende, entonces, que el senador conservador Efraín Cepeda haya sido claro: “Vamos a hundir en el Congreso la reforma tributaria”. La oposición, junto a los independientes que se oponen a la reforma, ha ejecutado una estrategia dilatoria. A modo de ejemplo, el 19 de noviembre se convocó una mesa conjunta para discutir el proyecto, pero los vicepresidentes de la Cámara, los independientes Daniel Carvalho y Juan Sebastián Gómez, se negaron a firmar. Sin su aval, la ponencia no puede ser votada, dejando al proyecto en un limbo a solo tres semanas del cierre del Congreso por las vacaciones de diciembre.

El viernes pasado, 10 de los 18 senadores de la Comisión Tercera presentaron una ponencia pidiendo archivar la reforma tributaria. Esta propuesta debe ser la primera en discutirse y votarse en las comisiones económicas conjuntas y, si es aprobada, podría significar el hundimiento definitivo del proyecto. Aunque el oficialismo podría intentar apelar la decisión, el foco se ha desplazado hacia el plan B, que podría ser el salvavidas que la economía colombiana tanto necesita.