¡Descubrí cómo el control biométrico podría arruinar la educación pública en Argentina! ¿Estás preparado para lo que viene?

Por Darío Balvidares.

El 4 de diciembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promulgó la Resolución 1292/2025, que establece la obligatoriedad del registro de asistencia docente mediante huella digital a partir del ciclo lectivo 2026. Esta medida, un acto administrativo del Poder Ejecutivo local, no cuenta con el respaldo de una ley sancionada por la Legislatura, lo que hubiera permitido un debate más profundo sobre el biocontrol. En este sentido, se presenta como un acto prepotente, similar a las políticas de “seguridad” impulsadas por Patricia Bullrich, ahora senadora del partido Milei.

En el texto oficial, la resolución se enmarca como un paso hacia la “modernización” y “transparencia” en la gestión educativa. Sin embargo, lo que realmente se establece es un mecanismo de control que convierte la huella digital, un dato biométrico considerado sensible por la normativa vigente, en un requisito obligatorio para el ejercicio laboral. La Ley 1845 de Protección de Datos Personales de la Ciudad es clara en este punto: los datos sensibles incluyen “origen racial y étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, afiliación sindical e información sobre salud o vida sexual”, y prohíbe que una persona sea obligada a proporcionar tales datos, salvo bajo una obligación legal específica o un consentimiento expreso.

La resolución impuesta por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires responde a una concepción ideológica del partido que gobierna, el PRO, y revela una tensión normativa evidente: se convierte en obligatorio lo que la ley protege como voluntario. Esto implica que el consentimiento deja de ser un derecho. Jurídicamente, una resolución administrativa no puede derogar ni modificar una ley de la Legislatura. Políticamente, se transforma el “presentismo” en un dispositivo de vigilancia sobre el cuerpo docente.

La huella digital, aunque al principio parece un simple dato, funciona como llave que conecta identidades con bases de datos centralizadas, permitiendo nuevas formas de disciplinamiento. La obligatoriedad de este registro no surge en un vacío institucional. Es un acto político que redefine la relación entre el Estado y los trabajadores de la educación.

Del disciplinamiento a la biopolítica

Oscar Ghillione, subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa y uno de los firmantes de la resolución 1292/2025, es una figura clave en la implementación de esta medida. Ghillione, ex CEO y fundador de la ONG Enseña por Argentina, ha tenido una trayectoria marcada por la formación empresarial en instituciones como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), una usina de formación neoliberal. Su experiencia incluye haber sido secretario de Gestión Educativa de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Esta trayectoria refleja una lógica de trasladar las metodologías de eficiencia del ámbito corporativo al público.

La huella digital, entonces, se convierte en un símbolo de esta visión: un dispositivo que, lejos de mejorar la enseñanza, busca el control disciplinar del cuerpo docente. La noción de Michel Foucault es pertinente aquí; en "Vigilar y Castigar" (1975), describe cómo los dispositivos de control transforman los cuerpos en objetos de registro y normalización: “El poder disciplinario se ejerce haciendo del cuerpo un objeto y un blanco de poder”. Así, la huella digital, dentro de un sistema de presentismo obligatorio, convierte al docente en un dato administrable, desarticulando su autonomía laboral.

Sin embargo, la visión foucaultiana no se limita al control individual. En "Historia de la sexualidad I" (1976), Foucault introduce la biopolítica, que abarca el control de poblaciones. La resolución 1292/2025 se alinea con esta lógica, inscribiendo a la población docente en un sistema de vigilancia que gestiona movimientos, tiempos y presencias. El cuerpo de los trabajadores se convierte en un dato y este dato en un recurso gestionable.

Esta racionalidad se hace evidente en la reglamentación de la resolución. El Anexo I establece que, desde enero de 2026, será obligatorio registrar los datos biométricos, y en caso de incumplimiento, se suspenderá el pago del “Adicional salarial” hasta que se regularice la situación. La huella digital, aplicada de manera obligatoria, ingresa dentro del paquete de modernización, administrando a los trabajadores de la educación como un recurso.

La ética de esta medida es ineludible. Cuando funcionarios con formación empresarial irrumpen en la esfera pública, lo hacen con la premisa de que la educación puede ser gestionada como una empresa. La huella digital es un acto político que redefine la relación entre el Estado y los trabajadores de la educación, inscribiendo sus cuerpos dentro de una matriz de control.

La resolución porteña también se inscribe en una dinámica regional donde gobiernos han intentado imponer el control biométrico en la educación. En 2023, el gobierno mexicano propuso la incorporación de huellas digitales en la Clave Única de Registro de Población (CURP), pero esta medida fue rápidamente judicializada, mostrando que la defensa de la autodeterminación informativa puede frenar la imposición de la biometría.

En Brasil, varios municipios han implementado relojes biométricos para controlar la asistencia de docentes, generando resistencia entre sindicatos que denuncian su carácter punitivo. Los relatos de aquellos que critican estas medidas muestran que se convierten en mecanismos de vigilancia laboral más que en herramientas de gestión pedagógica.

La resolución 1292/2025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su amenaza salarial y dispositivo biométrico, forma parte de una lógica más amplia donde la educación pública se subordina a la lógica empresarial. Esto se refleja en la forma en que los cuerpos docentes se convierten en datos administrables bajo la amenaza de pérdida salarial. A nivel nacional, se busca transformar la escuela en un mercado regulado por dispositivos de control y eficiencia.

La memoria y la resistencia docente se vuelven cruciales. La historia reciente muestra que cada intento de disciplinamiento y privatización ha encontrado respuesta en la organización sindical, en la judicialización y en la movilización social. La defensa de la educación pública como derecho exige articular estas resistencias y denunciar la continuidad entre las políticas de desposesión educativa a nivel local, nacional, regional e internacional.

La huella digital del gobierno PRO en CABA y la mercantilización nacional que propone el borrador del proyecto de ley del gobierno libertario son dos caras de una misma estrategia. Este proyecto político busca transformar la educación en un mercado regulado por dispositivos de control. La respuesta no puede ser fragmentaria, sino que debe ser una resistencia articulada que combine lo mejor de la tradición de la educación pública y la acción colectiva.

Es un engaño hacia la población cuando los promotores de modelos de expropiación de la educación pública dicen que “estamos pasando del estado educador a la sociedad educadora”; lo cierto es que están transfiriendo los valores del conocimiento al “mercado educador”, una ruleta controlada donde los ganadores están en la revista Forbes y el resto somos solo una huella digital.