¡Escándalo en Argentina! Mineras y pesqueras se roban $6.700 millones en subsidios a pesar de la ley. ¿Quiénes son?

Una reciente investigación de la Fundación Terram ha revelado que, entre 2004 y 2023, al menos $6.717 millones en subsidios a la mano de obra fueron otorgados a grandes empresas del sector minero y pesquero en Argentina, a pesar de que la legislación vigente prohíbe expresamente estas ayudas. El artículo 1 de la Ley N°19.853 excluye a las compañías mineras con más de 100 trabajadores (directos o indirectos) y a las dedicadas a la pesca reductiva de los beneficios fiscales.

El estudio, llevado a cabo por Maximiliano Bazán, expone una falta alarmante de fiscalización y criterios discrecionales en la administración de recursos públicos. Este patrón ha permitido que empresas con antecedentes de daño ambiental y problemas judiciales accedan a subsidios que debían estar destinados a fomentar el desarrollo en zonas extremas.

Entre las beneficiarias, se destacan cuatro compañías mineras que, en conjunto, recibieron más de $4.800 millones en subsidios. El caso más notorio es el de Quiborax, asociada a la familia Fosk, que recibió $3.575 millones durante el período mencionado. Esta empresa, que opera en el Salar de Surire y Ascotán, supera de forma permanente el límite de trabajadores permitido y enfrenta una demanda del Consejo de Defensa del Estado por daño ambiental. A pesar de esto, la Tesorería justificó su acceso a subsidios alegando su operación en “zonas extremas con impacto socioeconómico crítico”. Sin embargo, esta justificación no se sostiene legalmente, ya que la exclusión de beneficios está estipulada por ley y requiere aprobación del Congreso para ser modificada.

Otra empresa significativa es ACF Nitratos, que recibió $441 millones en subsidios, a pesar de que sus registros laborales también superan el umbral permitido en la mayoría de los años analizados. Asimismo, Cosayach del grupo Errázuriz, que recibió $397 millones, ha sido acusada de ocultar el número de trabajadores reales, ya que informes de fiscalización revelaron la existencia de cientos de subcontratados. En cuanto a Imerys Minerales Chile, su acceso a $395 millones en subsidios ha sido cuestionado, dado que supera el límite de trabajadores en diferentes períodos, y la Tesorería no ha presentado un respaldo legal que justifique su inclusión en el beneficio.

En el ámbito de la pesca reductiva, donde se extraen peces para producir subproductos como harina y aceite, al menos cinco empresas han recibido subsidios a pesar de estar excluidas legalmente. En total, estas compañías obtuvieron más de $1.800 millones. Un ejemplo destacado es Camanchaca, que recibió más de $860 millones. Esta empresa ha estado en el centro de controversias por su vinculación con financiamiento ilegal durante la tramitación de la Ley de Pesca. Otro caso es el de Golden Omega, del grupo Angelini, que recibió $650 millones a pesar de dedicarse a la producción de aceites marinos. Junto a ella, Serenor y Orizon también fueron beneficiadas, a pesar de su integración en la cadena industrial pesquera.

En cuanto a Pesca Chile, recibió $298 millones para la extracción de krill en aguas antárticas, una actividad cuestionada por su impacto ambiental. La empresa, vinculada a la familia Del Río, ha enfrentado acusaciones de financiamiento ilegal y fue denunciada por la muerte de una ballena jorobada durante sus operaciones. La Tesorería, al ser consultada sobre estos casos, argumentó que la exclusión solo aplicaba a empresas que producen harina o aceite de pescado con fines industriales, lo que contradice la información pública de las empresas beneficiadas.

La situación expuesta por la investigación no solo subraya la falta de control y transparencia en la administración de subsidios estatales, sino que también plantea una serie de interrogantes sobre el uso de recursos públicos en beneficio de grandes grupos económicos, en un contexto donde la protección ambiental y el desarrollo sostenible deberían ser prioritarios. La necesidad de una revisión y modificación de políticas es urgente para asegurar que los subsidios cumplan su objetivo de fomentar el desarrollo en las regiones más vulnerables del país.