¡Escándalo! Gobernadores peronistas temen PÉRDIDAS MILLONARIAS por reforma laboral: ¿qué están ocultando?

La reciente victoria de Javier Milei en las elecciones ha desatado un intenso debate en el ámbito político argentino. Uno de los temas candentes es el proyecto de reforma laboral que el nuevo gobierno ha enviado con el objetivo de ser aprobado antes de fin de año. Este proyecto incluye cambios impositivos que buscan aliviar los costos para las empresas, aunque contradictoriamente, el gobierno había prometido una reforma tributaria más amplia.
Entre los cambios propuestos, destaca la modificación de la escala del impuesto a las ganancias para las sociedades. En particular, se plantea reducir la alícuota del 30% al 27% para el Tramo 2 y del 35% al 31,5% para el Tramo 3. Según el recién asumido diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, esta reducción resultaría en una menor recaudación de impuestos y, en consecuencia, afectaría directamente la coparticipación que reciben las provincias. Michel advirtió que el beneficio fiscal, que equivale al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), se concentraría mayormente en unas "144 grandes empresas".
Este cambio ha generado preocupación entre los gobernadores del peronismo, quienes han comenzado a discutir las implicaciones de la reforma en reuniones programadas. En un documento compartido entre ellos, se expone el impacto que tendría en la coparticipación que reciben. La próxima reunión está prevista para el martes en la Casa de la provincia de La Pampa, donde los gobernadores se encontrarán acompañados por legisladores que se ocupan de temas económicos. Entre los asistentes se encuentran Axel Kicillof, Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán.
Actualmente, las empresas tributan por tramos: aquellas con ganancias netas hasta $101,7 millones pagan el 25%, mientras que las que superan esa cifra y llegan hasta $1.016,8 millones pagan un fijo más el 30% sobre el excedente. Finalmente, las que ganan más de $1.016,8 millones deben pagar un fijo de $300 millones más el 35% sobre el excedente. Con las nuevas propuestas, se estima que solo un pequeño porcentaje de las empresas se beneficiaría, dado que de las 163.587 sociedades que presentaron su declaración jurada, el 89,4% pertenecía al Tramo 1 y solo generaba el 7,9% de la recaudación del impuesto.
Michel subrayó la gran concentración de la recaudación, indicando que solo el 1% de las sociedades determina impuestos por más de $1.000 millones anuales y que este grupo representa el 76,3% de la recaudación total. En cifras más alarmantes, 144 grandes empresas, que constituyen solamente el 0,1% de las sociedades, aportan el 56% de dicha recaudación.
Desde el gobierno se presenta esta reforma como una medida para reducir el costo argentino, pero hay desconfianza sobre la urgencia con la que se buscan implementar estos cambios. Muchos creen que responden a intereses específicos de ciertos sectores empresariales. En el proyecto de presupuesto 2026 presentado, se proyectaba una recaudación total de $48,4 billones, de los cuales el 71% provendría de las sociedades. Sin embargo, la reforma propuesta reduciría esta cifra en aproximadamente $3,1 billones, poniendo en riesgo las finanzas provinciales, que ya están debilitadas por la caída en la actividad económica y los recortes en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Este panorama no es nuevo para los mandatarios provinciales, quienes ya han tenido experiencias recientes con modificaciones en el impuesto a las ganancias. Durante su campaña presidencial, Sergio Massa había impulsado un régimen cedular que prometía mejoras en la coparticipación, pero que se desvaneció tras su derrota ante Milei.
Así, la discusión sobre la reforma laboral y sus implicaciones fiscales se enmarca en un contexto de incertidumbre y tensión política, donde cada decisión puede reconfigurar el panorama económico y fiscal del país.
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