¡Escándalo total! Denuncian a dos dirigentes de Carrió y un empresario por extorsión: ¿qué oscuros secretos están ocultando?

El nombre de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha estado en la mira de la opinión pública en los últimos meses, especialmente tras las denuncias que lo vinculan a una mansión en Pilar. Se alega que fondos de la AFA habrían sido utilizados de manera ilegítima, mientras la prensa analiza supuestas transacciones ocultas de dinero. Este tema ha ocupado múltiples páginas en diarios, horas de programación en radio y televisión, y ha desatado un acalorado debate en redes sociales. Sin embargo, la reciente respuesta de Tapia promete añadir un nuevo giro a la narrativa.

Este martes, Tapia presentó un extenso escrito en relación a una causa judicial que investiga a Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica de Pilar, por un presunto hecho de extorsión. Acompañado de su abogado, Gregorio Dalbón, el presidente de la AFA señaló a Yofe y a otro dirigente, Facundo del Gaiso, como los responsables de amenazas que recibió de parte de un empresario tras rechazar un negocio relacionado con las fotomultas.

El documento presentado por Tapia abarca 20 páginas y menciona a Leandro Camani, un empresario del sector de fotomultas, quien, según el escrito, solicitó a Tapia la instalación de nuevas cámaras en rutas y accesos, así como el reemplazo de equipos existentes por parte de su empresa, Secutrans. Tapia expresó claramente su negativa a este negocio, lo que, según él, provocó un cambio en la dinámica de la relación con Camani, generando presiones de diversos tipos para revertir su decisión.

“Frente a dicho requerimiento me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes (...) Camani transmitió un mensaje inequívoco de carácter intimidatorio”,

indicó Tapia en su presentación.

Aunque el documento no detalla cómo se transmitió la amenaza, se ha indicado que fue a través de WhatsApp. Tapia también ofreció al Juzgado de Garantías N°7 de San Isidro y a la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de San Isidro dos testigos reservados que podrían corroborar la amenaza. Estos testigos, según el escrito, también habrían sido amenazados y podrían ofrecer una cronología precisa de la presunta extorsión.

Dalbón destacó que “lo que se denunció no es un hecho aislado ni una reacción circunstancial. Estamos frente a una maniobra de extorsión estructurada”, sugiriendo que todo se origina en un pedido económico concreto, seguido de una negativa legítima y la posterior activación de denuncias penales como represalia.

La contraofensiva de Tapia llega en un momento crucial, pues está siendo investigado debido a la denuncia presentada por Yofe, quien fue allanado recientemente. Este último, en un giro inesperado, es el mismo dirigente que ha presionado públicamente para que avancen las investigaciones en su contra.

Además, Tapia dirigió críticas hacia Yofe y Del Gaiso, describiéndolos como “ejecutores de la maniobra orquestada” por Camani, quien es considerado el verdadero beneficiario detrás del negocio de las fotomultas. En su escrito, Tapia solicitó incluso el allanamiento de los domicilios de Camani, Yofe y Del Gaiso, con la intención de secuestrar computadoras y teléfonos móviles que podrían contener información relevante.

Leandro Camani es conocido como el “rey” de las fotomultas, habiendo expandido su negocio en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente, había sido denunciado por el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien reveló haber recibido amenazas de muerte por parte de Camani, lo que refuerza la imagen de un empresario con un modus operandi problemático.

Por su parte, Del Gaiso, actual legislador porteño, ha mantenido una postura crítica hacia Tapia, impulsando investigaciones sobre él. La situación se complica aún más con Yofe, quien, según informes, recibió instrucciones de Elisa Carrió para deshacerse de su celular durante un allanamiento.

El desenlace de este conflicto no solo afecta a la imagen de Tapia y la AFA, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones relacionadas con el fútbol argentino y la política local. La denuncia de Tapia, en este contexto, podría ser vista como un intento por recuperar su credibilidad y desactivar las presiones mediáticas y judiciales que lo rodean.