¿Estás listo? El Gobierno argentino planea un cambio radical en la seguridad: ¡te sorprenderá lo que viene!

El Gobierno nacional está llevando a cabo una reingeniería silenciosa en el sistema de seguridad nacional que, más que una reforma administrativa, implica un profundo rediseño del ejercicio del poder estatal. Esta iniciativa está bajo la dirección de Patricia Bullrich, quien dejará su cargo como ministra para asumir un puesto en el Senado. El objetivo es crear un organismo con facultades ampliadas, con la capacidad de absorber funciones actualmente dispersas entre Migraciones, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e incluso diversas áreas de inteligencia.

La referencia para este modelo es el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como Homeland Security, aunque se enfatiza la necesidad de adaptarlo a un país con recursos limitados, según la información publicada por clarin.com.

El primer movimiento político relevante ya se ha implementado: Migraciones dejó de depender del Ministerio del Interior y ahora está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Este cambio marca el inicio de la creación de una Policía Migratoria, que estará compuesta por agentes con formación policial, capacitados para llevar a cabo detenciones y responder a alertas internacionales. El Gobierno argumenta que los civiles que actualmente realizan estas funciones no tienen la capacidad de actuar en situaciones críticas en los pasos fronterizos, lo que ha causado fugas y fallas en los controles.

Además, la reforma busca redefinir el papel de la Policía Federal, que perdería responsabilidades de patrullaje ferroviario para centrarse en la investigación de delitos complejos, creando un cuerpo de élite que se asemejaría a un “FBI argentino”. Este concepto, que ha aparecido y desaparecido de la agenda política durante décadas, se retoma ahora con la justificación de que la dispersión de funciones limita la capacidad investigativa de esta fuerza. Según el plan oficial, las provincias asumirían la vigilancia rutinaria en trenes y áreas federales menos críticas.

Otro aspecto sensible del proyecto es la ciberseguridad. La propuesta es que el nuevo organismo asuma parte de las competencias que actualmente tiene la Secretaría de Inteligencia (SIDE), argumentando que las empresas privadas, principales víctimas de ataques informáticos, desconfían de alertar a los servicios de inteligencia. Desde el Gobierno se sostiene que un organismo policial especializado podría ofrecer una respuesta más operativa y menos vinculada al secretismo del espionaje. Sin embargo, este enfoque podría generar superposiciones con otras agencias y anticipar resistencias internas.

El rediseño también tiene en cuenta modelos internacionales de coordinación entre agencias, como el MI5 británico. La premisa es integrar información que actualmente está fragmentada entre Migraciones, fuerzas federales, inteligencia y organismos civiles. Para el equipo de Bullrich, esta fragmentación impide anticipar riesgos y genera espacios de poder desordenados, lo que a su vez alimenta ineficiencias. La futura ministra, Alejandra Monteoliva, apoya la iniciativa y será la encargada de llevarla al Congreso.

Este proceso de reforma representa una fuerte acumulación de atribuciones en un Ministerio de Seguridad que podría incluso cambiar de nombre el año próximo. Si se concretan los cambios, el nuevo esquema ampliará la capacidad de vigilancia interna, reorganizará los controles fronterizos, redefinirá las funciones policiales y situará a un solo organismo en la cúspide de la prevención de ciberataques, terrorismo y delitos federales.

Sin embargo, este reordenamiento profundo no solo requerirá ajustes legales, sino que también deberá sortear tensiones con el Ministerio del Interior, la SIDE y otros actores que podrían ver reducidas sus áreas de influencia. Así, la propuesta plantea un nuevo horizonte para la seguridad en Argentina, con implicaciones que tocarán a todos los ciudadanos.