¡Impactante! La exfuncionaria de AFIP condenada a años de prisión por sobornos, ¿qué más reveló la Corte?

En un fallo que reafirma la lucha contra la corrupción en el ámbito público, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha dejado firme la condena a Mirta Susana Caballero, una ex agente de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), y a su hijo, Santiago Emanuel Martín. Ambos enfrentan acusaciones de cobrar coimas para modificar registros fiscales de contribuyentes que mantenían deudas con el organismo recaudador. La decisión de la Corte, compuesta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se dio a conocer el 19 de noviembre de 2025, cuando rechazaron por extemporáneo un recurso de queja presentado por la defensa.

La investigación, a la cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, revela que entre 2007 y 2015, Caballero, que trabajaba en el área de Servicios al Contribuyente de la AFIP en San Juan, se acercó a monotributistas para ofrecerles, a cambio de dinero, la regularización de sus situaciones fiscales. Esta acción les permitía continuar con contratos laborales en el Ministerio de Educación de la provincia como porteros. Su hijo, a pesar de no ser funcionario público, colaboró en estas maniobras, lo que añade un matiz adicional al caso.

Durante el juicio, se presentaron testimonios que corroboraron estas prácticas corruptas. Un testigo reveló que recurría a Caballero para que le gestionara los trámites relacionados con el monotributo para renovar su contrato laboral. Otro contribuyente indicó que, tras darse de baja su inscripción por falta de pago, la ex funcionaria le facilitó un número telefónico y su dirección para coordinar un encuentro en el que tanto ella como su hijo la atendieron.

Además, una empleada de la AFIP confirmó que compañeros de trabajo comentaron que Caballero estaba gestionando trámites que no le correspondían, y que muchos contribuyentes la buscaban específicamente para que realizara documentación fuera de los canales formales del organismo. Este testimonio resalta la red de complicidad que se había formado y cómo ciertas prácticas se volvieron comunes en la gestión de la AFIP en San Juan.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a Caballero a un año y seis meses de prisión en suspenso, así como a una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de su hijo, la condena fue de un año de prisión en suspenso. Estas sentencias buscan no solo castigar a los culpables, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción en la administración pública.

La decisión de la Corte Suprema y la condena de Caballero y Martín son un recordatorio de la importancia de la transparencia en las instituciones públicas. En un contexto donde la confianza en el gobierno y sus organismos es fundamental para el funcionamiento del Estado, casos como este son fundamentales para restablecer la credibilidad y asegurar que quienes ocupan cargos públicos actúen con integridad.

La condena no solo tiene implicaciones para los involucrados, sino que también afecta al sistema en su conjunto, subrayando la necesidad de continuar con las investigaciones y la aplicación de justicia en casos de corrupción. Es un claro indicativo de que el sistema judicial argentino está dispuesto a enfrentar y sancionar estos delitos, lo que podría marcar un cambio en la percepción pública sobre la corrupción y la responsabilidad en el servicio público.