¡Impactante! La "motosierra" fiscal de Mayo amenaza a miles: ¿serás uno de ellos? Descubre lo que viene.

En junio de 2024, el Gobierno argentino estableció el Consejo de Mayo con el claro objetivo de implementar la consigna de “motosierra nacional”. Este grupo, coordinado por Guillermo Francos, incluye a figuras clave como Alfredo Cornejo, en representación de los gobernadores firmantes; Carolina Losada por el Senado; Cristian Ritondo por Diputados; Gerardo Martínez por los sindicatos y Martín Rappallini por el sector empresarial. El equipo también cuenta con el apoyo cercano de Federico Sturzenegger.

El Consejo tiene la misión de traducir en leyes los diez puntos del Pacto de Mayo y ya ha comenzado a trabajar en borradores que serán presentados en el Congreso. Desde el oficialismo, la interpretación se centra en la necesidad de ordenar las cuentas públicas, ajustar las normas y promover reformas que permitan mantener el superávit fiscal como pilar del plan económico. Este enfoque busca estabilizar la economía en un contexto de incertidumbre y presión fiscal.

Uno de los principales ejes de trabajo del Consejo está ligado a la deuda y especialmente al gasto público de provincias y municipios. La propuesta se orienta a reducir el gasto consolidado al 25% del PBI, en contraste con el 32% que el Gobierno estima para 2024. Esta medida plantea un desafío significativo, ya que implica que cada Ejecutivo debe congelar sus erogaciones, lo cual, a su vez, disminuye el margen para discutir aumentos salariales, mantener servicios esenciales y lanzar nuevos proyectos.

Un instrumento clave en este ajuste fiscal es la utilización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Desde el Gobierno se advierte que cualquier provincia o municipio que no respete la regla de “no gastar más de lo que ingresa” podría quedar excluido de estos fondos, que son gestionados con gran discrecionalidad por la Casa Rosada. Los ATN están destinados a asistir en emergencias financieras y desequilibrios temporales, pero su distribución siempre ha generado tensiones políticas.

Según un informe de Analytica, durante el presente año se recaudaron $860.115 millones y solo se distribuyeron $131.500 millones, dejando un remanente de $728.000 millones. Este monto no distribuido alimenta la presión de las provincias que buscan recursos sin estar atadas a condiciones restrictivas. En particular, la región de la Patagonia observa estos números con atención. Durante 2025, se espera que Neuquén sea la provincia más favorecida con $18.000 millones, seguida por Santa Cruz con $8.000 millones, Chubut con $7.000 millones y Río Negro con $5.000 millones.

Estos fondos son vitales para las provincias, ya que actúan como un soporte en años de dificultades económicas. Permiten sostener servicios públicos, cubrir baches en la recaudación y realizar pagos urgentes. Sin embargo, si el Ejecutivo nacional vincula los ATN al ajuste fiscal, los gobernadores podrían enfrentar una reducción en su capacidad de maniobra, limitando así su autonomía financiera.

Con el Consejo de Mayo en funcionamiento, el oficialismo busca convertir esta regla fiscal en ley. Para el sur del país, donde los ATN son fundamentales en la gestión de las cuentas públicas, el debate trasciende lo técnico: se convierte en una lucha por la autonomía, los recursos y el poder. La forma en que el Gobierno maneje estas políticas tendrá repercusiones significativas en la capacidad de las provincias para autogestionarse y responder a las necesidades de sus ciudadanos.