¡Impactante! Las familias de la Obra Social de la Caixa enfrentan un escándalo de millones: ¿qué pasará ahora?

En un acto que refleja la creciente preocupación por la especulación inmobiliaria en España, 60 familias de las promociones de obra social de la Caixa de Madrid –en los distritos de Vallecas, Vicálvaro y Pinto– han presentado una demanda contra Caixabank. Esta acción legal, organizada por la PAH Vallecas y el Sindicato de vivienda de Moratalaz, busca combatir la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler y la reciente venta de sus viviendas a un fondo de inversión, sin respetar el derecho de adquisición preferente de los inquilinos. Esta movilización forma parte de la campaña “Nos Quedamos”, que busca proteger los derechos de los vecinos y prevenir desahucios.

Históricamente, los terrenos donde se construyeron estas viviendas fueron vendidos por el Ayuntamiento de Madrid para integrarse en un programa de vivienda asequible promovido por la Obra Social “la Caixa”. Sin embargo, tras la fusión de CaixaBank con Bankia, dicho programa fue cancelado, lo que desencadenó un aumento de las rentas, la no renovación de contratos y numerosos desahucios silenciosos. La situación se agrava con la reciente venta de todas las promociones en la Comunidad de Madrid, lo que pone de manifiesto un objetivo claramente lucrativo por parte de la entidad financiera.

La PAH Vallecas y el Sindicato de Vivienda señalan que esta problemática no es un hecho aislado. Caixabank se posiciona como el mayor tenedor de vivienda en España, habiendo reportado beneficios récord de 5.787 millones de euros en 2024, al encadenar cinco años de máximos tras la fusión con Bankia. Parte sustancial de estos beneficios proviene de viviendas obtenidas tras la crisis financiera, las cuales fueron vendidas a fondos de inversión. Esta estrategia ha resultado en la pérdida de vivienda con potencial uso social, reduciendo el parque de alquiler asequible y exacerbando la exclusión residencial de colectivos vulnerables.

La situación de las familias en Madrid resuena con la lucha de sus compañeras en Cataluña, quienes se movilizan en paralelo. Después de nueve meses de huelga de alquileres, más de 100 familias han retenido un total de 300.000 euros, logrando frenar casi completamente los planes de Caixa para privatizar más de 2.000 viviendas públicas. Gracias a estas acciones, se ha conseguido el traspaso de algunas propiedades a Incasol, empresa encargada de la vivienda pública de Cataluña. Sin embargo, las movilizaciones continúan hasta que se garantice una solución que incluya a las vecinas de l’Hospitalet Porta Nord.

El reclamo de las familias va más allá de un simple enfrentamiento con Caixabank. Exigen al Estado una intervención responsable, dado que mantiene una participación cercana al 18% en la entidad, lo que lo vincula institucionalmente con las decisiones del grupo. A través de sus acciones en Caixabank, el Estado ha percibido, en promedio, 339 millones de euros anuales, alcanzando en 2024 la cifra de 1.697 millones de euros. Esta situación plantea la necesidad de que el Estado no solo se interceda en esta operación, sino que también considere la posibilidad de adquirir estas viviendas a través del SEPES, asegurando su incorporación al parque público de vivienda.

Las organizaciones participantes concluyen su comunicado con un mensaje claro: “Obra Social, estafa total. No nos vamos: Nos quedamos.” Este lema se reafirma en un contexto donde la especulación con viviendas públicas se enfrenta a la resistencia de quienes luchan por el derecho a una vivienda digna.