¡Impactante! ¿Qué revelaciones explosivas salieron sobre Vaudagna y Scarel que pueden cambiarlo todo?

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha definido que el Juzgado Federal de Reconquista será el encargado de continuar la investigación por el presunto lavado de activos, tras el descubrimiento de 250 mil dólares durante un allanamiento realizado en marzo de 2021. Este caso involucra a un exfuncionario de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy conocida como ARCA, de Rosario, y a un exdirectivo de la empresa Vicentín.

La investigación, que originalmente fue tramitada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, se centra en la supuesta confección de un contrato de depósito falso que, según la acusación, fue utilizado para dar apariencia de legalidad al dinero encontrado. Se han detectado maniobras que podrían constitutir lavado de activos vinculadas a Vicentín SAIC, a un directivo de la empresa y a otros individuos, incluyendo al exdirector regional de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, quien también está imputado en un caso por corrupción y sobornos.

El Inicio de la Investigación Federal

El fiscal federal Roberto Salum inició la causa tras la publicación de una intervención telefónica en la que Omar Scarel, exsíndico de Vicentín SAIC, recibía asesoramiento de un abogado sobre cómo retirar dinero secuestrado en una caja de seguridad a nombre de una sociedad vinculada a uno de sus hijos. En este contexto, se elaboró una escritura falsa que certificaba que Vaudagna había entregado 250 mil dólares a Scarel hijo para realizar una operación inmobiliaria no especificada.

La justicia provincial comenzó a investigar por la falsedad del documento, imputando a los intervinientes y resolviendo la situación del exfuncionario de ARCA con una suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, el fiscal Salum consideró que la causa debía tramitar en el ámbito federal y presentó un planteo de inhibitoria. La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario rechazó esta solicitud, aunque la Cámara Federal de Resistencia respaldó la postura del fiscal, lo que llevó el conflicto a la CSJN.

El Dictamen del Procurador General

En su dictamen, el procurador general interino, Eduardo Casal, argumentó que "la hipótesis del fiscal federal se condice con el objeto del requerimiento de instrucción". Casal destacó que la confección del contrato falso tenía la finalidad de otorgar apariencia de legalidad al dinero encontrado en el allanamiento del 9 de marzo de 2021. Además, indicó que los hechos investigados en la esfera provincial eran idénticos a los del ámbito federal, lo que hacía inviable que ambos procesos avanzaran de manera paralela sin afectar el debido proceso.

El procurador concluyó que "no es posible descartar que los hechos configuren una única conducta en los términos del artículo 54 del Código Penal", sugiriendo que podría tratarse de un delito de lavado de activos, cuya investigación corresponde al fuero federal.

Finalmente, el 11 de noviembre, la CSJN resolvió que el Juzgado Federal de Reconquista debería hacerse cargo de la causa, respaldando así la hipótesis de lavado de activos sostenida por el MPF de la Nación. La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes ordenaron notificar a la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario y al Colegio de Jueces de 1ª Instancia de esa ciudad.

La investigación sobre Vaudagna, quien fue imputado por falsedad ideológica de la escritura, revela que aceptó como suyos los 250 mil dólares hallados en la caja de seguridad de Scarel hijo, afirmando que los había dejado como parte de una operación inmobiliaria. La maniobra, según los fiscales, tenía como objetivo evitar que Scarel enfrentara otra causa por lavado de dinero.

La transcripción de mensajes entre Scarel y Vaudagna sobre estas maniobras llevó al fiscal Salum a investigar la causa cuya competencia ahora ha sido confirmada por la CSJN. Además de su implicación en el caso de corrupción, Vaudagna enfrenta acusaciones por manipular datos oficiales para perjudicar a comerciantes y ha sido procesado por encubrir reintegros indebidos de IVA a Vicentín por un total de $143 millones.