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La edad jubilatoria se perfila como un tema central en el debate político y técnico en los próximos meses, dado que el gobierno está trabajando en un conjunto de modificaciones al régimen vigente. Estas modificaciones incluirán ajustes en el criterio de retiro, aunque se ha dejado claro que no se reinstalará la jubilación automática a los 60 años. Hugo Bai, coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, confirmó que la edad de jubilación será uno de los puntos esenciales del documento final que el Poder Ejecutivo espera recibir en el segundo trimestre del año.

En una reciente entrevista con Informativo Sarandí, Bai afirmó que los temas jubilatorios "están arriba de la mesa" y que existen compromisos asumidos para introducir modificaciones. "La edad de jubilación (actualmente en 65 años) no es algo que esté escrito en piedra", subrayó.

Cambios sí, retroceso no

Bai fue claro al enfatizar que el gobierno no tiene planes de regresar automáticamente a los 60 años. "No está previsto que, al menos como gobierno, planteemos volver a los 60 años de edad en las condiciones que estaban establecidas en la Ley 16.713", manifestó. En lugar de eso, su enfoque se centrará en reconocer las desigualdades que enfrentan las personas al llegar al momento del retiro. "No todos llegamos de la misma manera a esos 60 o 65 años. Hay temas de desgaste físico, oportunidades de mantenerse activos en el mercado laboral y diferentes expectativas de vida", explicó.

Adicionalmente, Bai destacó que los estudios analizados en la comisión muestran que los sectores de mayores ingresos suelen vivir más que aquellos de menores ingresos. "El tema es no tratar por igual a situaciones que son notoriamente desiguales", acotó. En este contexto, se buscará revisar lo que definió como un "aumento de la edad de retiro al barrer" establecido en la reforma anterior, con el objetivo de crear alternativas que permitan a los sectores más vulnerables retirarse antes, al tiempo que se mantengan incentivos para quienes puedan y deseen continuar trabajando más tiempo.

El Poder Ejecutivo tiene previsto recibir el documento final el 30 de abril, aunque se contempla la posibilidad de una prórroga de 45 días, como se prevé por decreto. Bai explicó, "Estamos trabajando para intentar cumplir con ese plazo porque nos parece estratégico que el Ejecutivo tome esto como insumo para ejecutar cuanto antes los proyectos de ley." Se espera que el documento refleje tanto el grado de acuerdos alcanzados como las diferencias entre los actores. A diferencia de la comisión de expertos que elaboró la reforma de 2023, este espacio no funcionará por votación, sino que buscará consensos. "Queremos que el documento refleje realmente el grado de alcance de los acuerdos", enfatizó.

Una reforma más amplia que lo jubilatorio

Bai aclaró que el Diálogo Social no se limita a la edad de retiro. La agenda incluye temas como la infancia, cuidados, protección a trabajadores activos y eventuales ajustes en el régimen de capitalización individual. "Quizás nos detenemos demasiado en la discusión de un parámetro como la edad de retiro o la tasa de reemplazo, pero tan importante como eso es pensar lo que estamos generando hoy para el futuro", comentó. En este sentido, resaltó que el país enfrenta un "desbalance" en su matriz de protección social, con una fuerte cobertura a los adultos mayores y una situación crítica en lo que respecta a la pobreza infantil. "No puede ser que en un país como el nuestro casi uno de cada tres niños esté por debajo de la línea de pobreza", remarcó.

Para Bai, abordar esta realidad no debería implicar un enfrentamiento entre generaciones. "No se trata de niños contra viejos. Las jubilaciones mínimas no muestran a nadie nadando en la abundancia. El desafío es equilibrar prioridades sin deteriorar lo construido", concluyó.

Respecto a propuestas de financiamiento, como un posible impuesto adicional a los sectores de mayores ingresos, Bai comentó que la oportunidad para discutir cambios tributarios se dio en la ley de Presupuesto. "Hoy la perspectiva es crecer y asignar partidas para atender los acuerdos que surjan del diálogo", sostuvo. A pesar de la situación fiscal "compleja", aseguró que el Gobierno no renunciará a avanzar en protección social, un compromiso central asumido en campaña.

Bai reconoció que no todos los partidos con representación parlamentaria integran la comisión, lo que obligará a construir mayorías cuando los proyectos lleguen al Parlamento. Sin embargo, se mostró optimista: "Creo que los cambios en los que estamos pensando van a concitar un apoyo más amplio. Hay aspectos sobre los que Uruguay tiene que avanzar y sobre los que había acuerdos que trascendían a un solo partido político", finalizó.