¡Impactante! Una ciudad de Neuquén dice SÍ a Uber y Cabify: ¿Qué consecuencias traerá? ¡No te lo pierdas!

Centenario se ha convertido en la segunda ciudad de la provincia de Neuquén en regular el funcionamiento de las aplicaciones privadas de transporte como Uber, Cabify y Didi, siguiendo el ejemplo de Neuquén capital, que aprobó una normativa similar hace tan solo unas semanas. Esta decisión, adoptada por el Concejo Deliberante local el pasado jueves, contó con el apoyo unánime de todos los miembros del cuerpo legislativo y busca formalizar el uso de estas plataformas, que han ganado popularidad entre los habitantes de la comuna, pero que operaban de manera informal hasta ahora.

La normativa, resultado de la fusión de dos proyectos previos —uno presentado por la agrupación Comunidad y otro por el Movimiento Popular Neuquino (MPN)—, incluye contribuciones de vecinos, prestadores de taxis y personal de la secretaría de Transporte, Tránsito y Bromatología municipal, que será la autoridad de aplicación encargada de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones.

Una vez que el Ejecutivo promulgue la norma, tendrá 60 días para completar el proceso de reglamentación, tras lo cual las disposiciones comenzarán a hacerse efectivas en las calles. La concejal Lucía Matas, autora de uno de los proyectos, describió a Diario RÍO NEGRO la necesidad de una regulación que formalice el trabajo en estas plataformas, que son utilizadas cada vez más por los ciudadanos.

Registros y requisitos para operar

La nueva ordenanza establece la creación de dos registros: uno para los conductores y titulares de los vehículos, y otro para las empresas de transporte. Entre los requisitos para los conductores se encuentran la presentación de un certificado de libre deuda, la posesión de una licencia de conducir válida, no estar en el registro de deudores alimentarios de la provincia y contar con el certificado de titularidad del vehículo.

Por otro lado, las empresas deberán demostrar la ausencia de deudas con ARCA, tener un domicilio legal en Centenario, presentar su razón social y un seguro de responsabilidad civil, entre otros documentos necesarios para la inscripción. Ambos registros estarán habilitados una vez que se reglamente la ordenanza, y se otorgará un plazo de 30 días para que los interesados puedan completar el trámite, que se podrá realizar de manera online.

Además, los conductores deberán contar con una licencia comercial, que tendrá un costo mensual de entre $4.000 y $4.500, mientras que las empresas deberán abonar una tasa anual, cuyo monto se determinará cuando se reglamente la normativa y se formalice la ley fiscal del año próximo.

Las exigencias también incluyen la radicación del vehículo en Centenario, la ausencia de antecedentes penales y una antigüedad máxima del vehículo que no podrá superar los 10 años, o de 15 años para los vehículos eléctricos o híbridos. Esta estructura busca establecer una base reguladora que garantice la seguridad de los usuarios.

Normativas y sanciones vigentes

A pesar de la aprobación de la nueva normativa, la concejal Matas resaltó que las multas para quienes conduzcan utilizando plataformas no habilitadas seguirán vigentes. Las sanciones oscilan entre 50 y 100 módulos para la primera infracción, y de 200 a 500 módulos para reincidencias. Hasta septiembre, cada módulo equivalía a $8.650.

Asimismo, la ordenanza establece que los conductores deberán colocar una licencia con sus datos detrás del asiento del conductor, donde se incluirá su nombre y número de CUIT o CUIL como información principal. Esto tiene como objetivo brindar mayor transparencia y seguridad tanto para los pasajeros como para las autoridades.

Con esta medida, Centenario se suma a la tendencia de regular las aplicaciones de transporte privado, un paso que muchos consideran necesario para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios, mientras que también se busca un equilibrio con los prestadores de servicios de taxi tradicionales. A medida que las normativas se implementen, será fundamental observar cómo se adaptan los diferentes actores del sector al nuevo marco regulatorio.