¡Increíble! Bogotá se une a poderosos aliados en una lucha desesperada: ¿podrán frenar la violencia contra las mujeres? ¡Descúbrelo ya!

En Bogotá, los empleados de 45 minimercados que funcionan las 24 horas en Suba, la localidad más poblada de la capital colombiana, están asumiendo un rol crucial en la lucha contra la violencia de género. Estos negocios no solo informan sobre las ofertas del día, sino que también ofrecen orientación sobre cómo actuar en casos de violencia contra las mujeres, ayudando a activar la ruta de atención y alertando a las autoridades para prevenir feminicidios y agresiones. La estrategia, conocida como Redes seguras, es impulsada por la Secretaría Distrital de la Mujer y busca involucrar al sector privado en la protección de la población femenina, que representa más de la mitad de los casi 8 millones de habitantes de Bogotá.

Hasta septiembre de 2023, se registraron 13 feminicidios en la ciudad, siete más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, el Observatorio Feminicidios Colombia reporta una cifra aún más alarmante: 53 víctimas entre enero y septiembre de este año. Marcela Ramírez, subgerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de la cadena comercial mexicana Oxxo en Colombia, señala que la capacitación de su personal incluye la identificación de tipos de violencia física, psicológica, sexual y económica, que muchas veces afecta a sus propias trabajadoras. El 72% de su fuerza laboral son mujeres y más de la mitad son jefas de familia.

La iniciativa comenzó bajo el nombre Espacios seguros durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, en respuesta al aumento de la violencia machista durante los confinamientos por la pandemia. Desde entonces, el programa ha crecido, sumando nuevas cadenas comerciales, unidades residenciales y gremios, como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en un esfuerzo por combatir la indiferencia hacia el maltrato en los hogares y el acoso callejero.

A pesar de estas iniciativas, la sensación de temor persiste. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el 64% de las mujeres en Bogotá se sienten acosadas en la calle. “La violencia de género es un problema social. Nuestro compromiso es garantizar entornos seguros, promoviendo una cultura de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia”, destacó Natalia Monroy, directora de asuntos corporativos de Camacol.

Existen pocos ejemplos de acciones similares en otras ciudades. En Puerto Vallarta, México, se han implementado estrategias que incluyen a restaurantes y salones de belleza para fomentar la corresponsabilidad en la prevención del acoso. En Madrid, España, funcionan los Puntos Violeta, espacios de información que brindan asesoría a víctimas de agresiones sexuales en eventos públicos.

Además de los feminicidios, han aumentado las denuncias de violencia machista en Bogotá. Hasta septiembre, se habían acumulado 37.744 reportes, 27.114 de ellas con mujeres como víctimas, un incremento del 20% en comparación con el mismo período de 2024. El aparato institucional de la ciudad incluye cerca de 80 lugares diseñados para garantizar atención integral a mujeres, que incluyen las Casas de Justicia, las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, y las Comisarías de Familia. También está disponible la línea púrpura, que ofrece orientación telefónica gratuita las 24 horas, todos los días del año.

Sin embargo, el verdadero desafío radica en asegurar que estos mecanismos de atención funcionen efectivamente. Un caso trágico que ilustra esta problemática es el de Erika Aponte, de 26 años, quien fue asesinada por su expareja en Unicentro, el centro comercial más concurrido de la ciudad, a pesar de haber buscado ayuda de las autoridades días antes del crimen. La secretaria de la Mujer, Laura Tami, destacó la necesidad de que el sistema brinde una protección real ante tales situaciones, afirmando: “Debemos hacer que todo este aparato funcione cuando una mujer levanta la mano para pedir ayuda.”

Yamile Roncancio, abogada y defensora de Derechos Humanos, expresó su preocupación sobre la efectividad de Redes seguras, advirtiendo que “para atender a las víctimas se requiere personal especializado y un seguimiento efectivo a las denuncias, que es lo que no hacen las Comisarías de Familia.” La secretaria Tami también hizo un llamado a la ciudadanía para que se conviertan en redes de apoyo para aquellas mujeres que enfrentan situaciones de violencia, enfatizando que en muchos casos, la intervención de un vecino o un vigilante ha sido clave para activar la ruta de atención y, potencialmente, salvar vidas.