¡Increíble! El Gobierno vende tierras públicas: ¿Qué consecuencias oscuras se avecinan?

En el programa "Bienvenidos al tren" de Bravo TV, el abogado Jonatan Baldivieso afirmó que el Gobierno de Javier Milei ha reactivado el polémico plan de venta de tierras públicas que se inició durante la administración de Mauricio Macri. Esta medida contempla la subasta de 400 inmuebles en todo el país, de los cuales 64 están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a una superficie equivalente a ocho Plazas de Mayo. La mayoría de estas propiedades (65%) pertenecen al Ejército, y un 25% al sistema ferroviario.

Entre noviembre y diciembre, se subastarán dos terrenos clave: uno en Retiro, donde previamente se había proyectado la construcción de un hospital, y otro en Bajo Belgrano, un área ya tensionada por la habilitación de grandes torres y la pérdida de espacios verdes vitales para la comunidad.

Baldivieso cuestionó la forma en que se lleva a cabo la desafectación de estos terrenos: a través de un decreto presidencial, sin la debida intervención del Congreso, a pesar de que la Constitución Nacional exige su participación. Para el abogado, esta estrategia busca impulsar proyectos de alto valor inmobiliario, incluso en barrios que enfrentan necesidades sociales y ambientales urgentes.

Las ventas de tierras públicas han favorecido históricamente a empresas como IRSA, de Eduardo Elsztain, así como a otros grandes desarrolladores. Un ejemplo claro es el avance de proyectos en Buenos Aires que replican modelos de “barrios cerrados encubiertos”, como el caso de Costa Urbana, situado cerca de la Reserva Ecológica, donde se han autorizado torres de hasta 145 metros de altura.

Inmuebles ociosos y el impacto en la vivienda

Baldivieso sostiene que solo el 3% de la población puede acceder a una vivienda en propiedad, lo que ha llevado a muchos inversores a adquirir propiedades no para habitar, sino para resguardar o blanquear capital. Él estima que entre el 40% y el 50% del dinero involucrado en estos proyectos no está registrado, lo que contribuye a la proliferación de unidades vacías y a la concentración de la tierra urbana en pocas manos. Esta situación se agrava con el regreso al mercado de terrenos que ya habían sido subastados anteriormente y que, por diversas razones, quedaron desiertos. Esto permite al Estado bajar el precio base hasta un 10% en la siguiente convocatoria.

Los últimos informes de auditorías en la Ciudad de Buenos Aires también han detectado que algunas subastas se han llevado a cabo con un solo oferente, lo cual plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y podría invalidar dichas subastas, ya que se corre el riesgo de “regalarle” tierra pública a privados.

Así, la reactivación de estas subastas no solo refleja una política de venta de activos públicos, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a la vivienda y la planificación urbana en un contexto donde las necesidades sociales son cada vez más acuciantes. La comunidad sigue observando con atención cómo se desarrollan estos procesos y qué consecuencias traerán para los ciudadanos, en un momento donde la crisis habitacional es una de las problemáticas más urgentes que enfrenta el país.