¡Increíble! Mario Godoy y su esposa enfrentan acusaciones de delincuencia organizada y ¡hasta 10 años de prisión! ¿Qué los llevó a este escándalo?

La situación del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se complica cada vez más. A su ya cuestionada presencia al frente del organismo se suma una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que podría tener graves implicaciones para su futuro y el de su entorno.

En los primeros días de 2026, se hizo pública una denuncia contra Godoy, su esposa Dolores Vintimilla, y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que incluye a figuras como Andrés Fantoni, presidente del organismo, y otros consejeros como David Rosero, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez. Los cargos son serios: delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.

El entramado se extiende aún más, ya que también son mencionados en la denuncia Francisco Rosero Utreras, socio de Godoy y Vintimilla, y siete miembros de la comisión ciudadana que llevó a cabo el proceso de designación del presidente de la Judicatura, en el cual Godoy fue seleccionado.

Los denunciantes son Juan Francisco Gabriel Morales, abogado y expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, junto con el exdiputado Jorge Eduardo Moreno. En su denuncia, registrada el 22 de diciembre de 2025, solicitan la prisión preventiva para Godoy y los demás implicados. Además, piden que se remita la nómina completa de funcionarios del Consejo de la Judicatura que han desempeñado funciones o trabajado en los estudios jurídicos de Mario Godoy.

Según los denunciantes, Godoy fue posesionado como presidente de la Judicatura con múltiples irregularidades ejecutadas por el CPCCS, supuestamente en obediencia a intereses del Poder Ejecutivo. Afirman que ha organizado un grupo delincuencial para beneficiarse económicamente de su función pública, junto a su cónyuge y otros asociados.

La denuncia llega en un momento crítico, en medio de las declaraciones del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien ha denunciado supuestas presiones y amenazas a su integridad tras la sentencia penal por lavado de activos, que condenó a 10 años de prisión al serbio Jezdimir Srdan.

Este caso resuena profundamente en el contexto actual de la justicia en Argentina, donde la corrupción ha sido un tema recurrente. La percepción de impunidad que rodea a ciertas figuras públicas genera una creciente desconfianza en las instituciones. La denuncia contra Godoy y su círculo cercano podría ser un punto de inflexión que lleve a una reevaluación de la confianza pública en el sistema judicial.

Los ciudadanos argentinos están cada vez más atentos a este tipo de casos, ansiosos por ver resultados que reflejen un compromiso real en la lucha contra la corrupción. La demanda de transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades es más fuerte que nunca, y el desenlace de esta situación será clave para determinar el futuro de la administración de justicia en el país.

A medida que avanza esta historia, queda claro que no solo se trata de la vida y carrera de Mario Godoy, sino de un tema que toca las fibras más sensitivas de la sociedad argentina: la esperanza de un sistema judicial que realmente funcione y que esté al servicio del pueblo, lejos de intereses oscuros.