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Los fondos buitre Petersen y Eton Park han dado un nuevo giro a su lucha legal contra el Estado argentino, presentando un escrito judicial ante la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska. En este documento, los demandantes acusan al gobierno argentino de ocultar la ubicación de sus reservas de oro, una maniobra que, según ellos, busca evadir el pago de la sentencia de 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF.

En una carta enviada al tribunal el 21 de enero de 2026, el estudio de abogados Levine Lee LLP argumenta que Argentina no cumplió con las órdenes judiciales emitidas en agosto de 2025 al presentar un testigo que, según los demandantes, fue «deliberadamente no preparado» para declarar sobre el patrimonio nacional.

Acusaciones de obstrucción judicial

El escrito sostiene que el incumplimiento del gobierno argentino al no producir un testigo calificado forma parte de una estrategia para evadir la ejecución de la sentencia. Además, los demandantes alegan que el Estado ha estado ocultando más de 1.000 millones de dólares en reservas de oro. Según el documento, los lingotes fueron retirados del país bajo órdenes del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

Los abogados de los fondos buitre señalan que la falta de respuestas a las solicitudes del tribunal es «grave y continua», y el daño económico se ve exacerbado por el hecho de que el precio del oro ha alcanzado niveles históricos. Para ellos, la elección de un testigo sin conocimiento en la materia equivale a una falta de comparecencia.

El papel de Caputo y la conexión con el Banco Central

En su presentación, los demandantes enfatizan que funcionarios de alto rango, incluido el propio Caputo, tienen acceso directo a la información requerida sobre las reservas de oro. Se menciona que Santiago Bausili, presidente del Banco Central, se encuentra en contacto constante con el ministro a través de un grupo de chat, lo que sugiere que la información sobre los activos está al alcance del Ministerio de Economía.

Ante esta situación, los demandantes han hecho varias solicitudes concretas al tribunal. Piden que se obligue al gobierno argentino a proporcionar de inmediato una declaración jurada que identifique la ubicación, movimientos y cuentas relacionadas con las reservas de oro. En caso de que el gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, solicitan la celebración de una «audiencia probatoria» que incluya testimonios de Caputo y otros testigos con conocimiento del tema.

Por último, el escrito también reclama que se ordene al Estado argentino pagar los «honorarios razonables de abogados» de los demandantes por su conducta considerada obstructiva. Los abogados subrayan que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) tienen la autoridad legal necesaria para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

En resumen, la situación plantea un dilema significativo no solo para el gobierno argentino, sino también para los inversores que continúan observando de cerca el desenlace de este conflicto. Las acusaciones de obstrucción y la falta de transparencia en la gestión de activos nacionales generan inquietudes sobre la estabilidad económica del país y podrían tener repercusiones en su reputación internacional.

La saga judicial entre el Estado argentino y los fondos buitre continúa, y resta ver cómo responderá la administración de Javier Milei a estas acusaciones en el contexto de un entorno económico cada vez más tenso.