¡Increíble! ¿Qué secretos oscuros revelarán los gendarmes corruptos en juicio? ¡No te lo pierdas!

En un contexto donde la corrupción dentro de las instituciones penitenciarias argentinas es cada vez más visible, el país ha estado muy atento a la formalización de más de 40 gendarmes implicados en diversos actos delictivos. Esta situación ha surgido en medio de la "Operación Apocalipsis". Sin embargo, dos investigaciones de gran relevancia en la cárcel de La Serena y en la de Arica están a punto de llegar a juicio.

En el caso de la cárcel de Arica, tres funcionarios del sistema carcelario fueron formalizados por homicidio. Se trata del capitán Samuel Gatica Calisto y los suboficiales Luis Jara Vidal y Osvaldo Sandoval Concha, junto a un reo, Jordan Mejías Martínez, quien fue el autor material del asesinato de otro interno, Cristián Andrés Díaz Valencia, el 23 de diciembre del año pasado.

Díaz, quien estaba internado en la cárcel de Quillota, había solicitado explícitamente no ser trasladado a Arica, donde había sufrido lesiones anteriormente a manos de un gendarme. En una audiencia del 24 de octubre de 2024, Díaz manifestó:

“no me trasladen al penal de Arica para el juicio oral por represalias de Gendarmería, porque la última vez me agredieron, me torturaron”

. A pesar de su denuncia, no se inició ninguna investigación y fue trasladado a Arica “sin oposición de su defensa pública”, según la acusación fiscal.

En mensajes enviados a su hermana a través de la app Messenger, el preso expresó su desesperación: “Porfa Yama alos abogados Delos derecho humano porte allá me vana reventar los pacos porte me pelotiaron por pegarle aún paco” (sic). A pesar de su situación como reo común, fue colocado en un módulo de alta seguridad, donde se encuentran peligrosos delincuentes.

El 22 de diciembre, en un intento por escapar de su difícil situación, Díaz se autoinfirió heridas, pero fue devuelto al módulo de alta seguridad después de recibir atención médica. Al día siguiente, fue atacado brutalmente por varios reos, incluido Jordan Mejías, en un momento en que las cámaras de seguridad no estaban enfocadas en el área donde ocurrió el ataque.

El Ministerio Público está acusando a los tres gendarmes de homicidio simple por “la falta de supervisión, la no segregación, a sabiendas de haber sido lesionado días antes, y la no revisión corporal de todos los internos del módulo de alta seguridad”. Irónicamente, la única persona revisada esa mañana fue Díaz.

Los gendarmes, cuya solicitud de prisión preventiva fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Arica, enfrentan una pena de 10 años y un día, mientras que el autor material del homicidio podría recibir 18 años y un día. Este lunes se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, con el juicio programado para el primer semestre de 2026.

En otro caso, el 24 de diciembre de 2024, otro interno, Matías Torres Dreyer, murió en la cárcel de Acha (Arica) tras ser golpeado por varios gendarmes. Su madre ha declarado que el conflicto surgió tras una pelea entre internos, lo que llevó a la intervención de los gendarmes y, posteriormente, a una golpiza. El Ministerio Público ha abierto una investigación para identificar a los responsables de este hecho.

El caso de La Serena

Paralelamente, el plazo de investigación por la operación “.40” en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago culmina a inicios de enero. Esta investigación, liderada por el Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, incluye a 22 gendarmes de la cárcel de Huachalume en La Serena, acusados de delitos como infracción a la Ley de Armas, lavado de activos y cohecho, además de permitir que los internos llevaran a cabo estafas telefónicas.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, la organización criminal estaba compuesta por un líder, recaudadores, internos que actuaban como intermediarios y personas externas que facilitaban el manejo del dinero obtenido de actividades ilícitas. El excapitán Juan Faúndez Morales es señalado como el director de esta red, habiendo ignorado incidentes como el de tres reos sorprendidos en estafas telefónicas.

El gendarme honesto que descubrió a los internos no pudo reportar adecuadamente el incidente, y varios gendarmes más están implicados por su participación en una trama que incluía la venta de celulares y encendedores a los internos. Otros, como el sargento Eliseo Torres Araya, son acusados de brindar protección a los internos a cambio de sobornos.

Este panorama revela la alarmante connivencia entre algunos gendarmes y los reos, evidenciando una crisis de corrupción que necesita ser abordada con urgencia. La sociedad argentina debe estar atenta a estos casos, que no solo afectan la seguridad en las cárceles, sino que también ponen en tela de juicio la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad y el orden.