¡Increíble revelación! La Cámara niega el lavado de dinero, pero ¿qué esconden? ¡Descubrí la verdad impactante!

El reciente allanamiento de una lujosa mansión en Pilar, supuestamente vinculada a Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, ha tomado un giro significativo en el ámbito judicial. La Sala I de la Cámara Federal determinó que la causa, que originalmente estaba bajo la jurisdicción del Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas, será trasladada al Juzgado Penal Económico N.º 10, liderado por Marcelo Aguinsky. En su fallo, el tribunal enfatizó que hasta ahora no existen elementos concretos que sugieran maniobras de lavado de dinero.

La denuncia que dio origen a la causa se basa en supuestas maniobras de lavado de activos ilícitos, atribuidas a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. Según los denunciantes, a través de la sociedad Real Central S.R.L., ambos habrían adquirido la propiedad sin contar con un respaldo económico suficiente. Sin embargo, los jueces subrayaron que, a partir de la revisión del expediente, no se desprenden características concretas que sostengan la hipótesis de lavado de activos. A pesar de esto, la investigación proseguirá, aunque ahora dentro del marco del fuero Penal Económico.

El fallo judicial revela que el juez Daniel Rafecas se declaró incompetente para continuar con el caso y consideró que corresponde al fuero Penal Económico seguir con las actuaciones. Esta decisión representa un cambio fundamental en la calificación de la causa, debilitando las acusaciones de lavado de dinero que habían dado pie a una ofensiva judicial y mediática contra la AFA y su dirigencia.

La denuncia fue impulsada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acompañada por los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe. La compra de la mansión, que supera los 105 mil metros cuadrados, se habría concretado a finales de mayo del año pasado mediante Real Central S.R.L..

Un argumento clave en la resolución del tribunal es que no se encontraron indicios de delito federal ni involucramiento de fondos públicos. La investigación se centra en Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes son señalados como presuntos testaferros de Claudio Tapia. Sin embargo, Rafecas explicó que la presunta maniobra tiene una naturaleza principalmente económica y financiera, sin que se describa un delito antecedente que sea de competencia federal.

En su resolución de 13 páginas, el magistrado citó jurisprudencia para fundamentar que la investigación por un posible delito de lavado de activos debe ser tratada en el fuero Penal Económico, ya que no se identifican funcionarios nacionales o federales en la causa ni se comprometen fondos públicos nacionales. Con esta decisión, la Cámara Federal modifica el rumbo del caso y debilita la acusación de lavado de dinero que había desencadenado una fuerte atención mediática hacia la gestión de Toviggino y el liderazgo de la AFA.

A medida que la investigación avanza, la comunidad argentina estará atenta a cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a este caso, que ha captado la atención no solo por las figuras involucradas, sino también por el impacto que podría tener en la imagen de la AFA y en la confianza del público en las instituciones deportivas del país.