¡Increíble! Santa Fe enfrenta otro año de crisis en Seguridad: ¿Quiénes son los responsables? ¡Descubrilo ya!

La Legislatura de Santa Fe ha dado un paso importante al validar, con algunas reformas, la solicitud del Poder Ejecutivo para prorrogar la situación de emergencia en materia de Seguridad Pública, centrándose particularmente en la situación del personal policial y del Servicio Penitenciario. Esta prórroga fue aprobada con una votación dividida en la Cámara de Diputados, y con unanimidad en la revisión en el Senado, todo ello acontecido en la tarde del jueves.

Según lo estipulado en el primer artículo de la normativa, se declara la emergencia en recursos humanos de las fuerzas de seguridad, lo que afecta al personal policial, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias. Esta declaración estará vigente por un plazo de doce meses desde la promulgación de la ley, con la posibilidad de una única prórroga por el mismo periodo si las circunstancias que la motivan persisten. Asimismo, se prorrogó la vigencia de cuatro artículos de la Ley de Emergencia que estaban por caducar, especialmente en lo relacionado con recursos humanos, permitiendo otorgar asignaciones y suplementos a aquellos que desempeñen funciones críticas.

Entre las reformas más destacadas, se incluye la reincorporación al servicio activo de personal retirado con una retribución equivalente al doble de su salario como retirados. Sin embargo, esta reincorporación está prohibida para aquellos que hayan sido exonerados de la fuerza policial o que se encuentren bajo procesamiento por delitos de lesa humanidad o condenados en causas penales.

Además, se establece un ascenso extraordinario para el personal reincorporado que haya demostrado un desempeño ejemplar durante 18 meses de trabajo. También se especifica que la legislación en materia de beneficios jubilatorios para el personal que se reincorpore será determinada según la ley vigente en la fecha de su primer cese de funciones.

La Cámara de Diputados también introdujo tres artículos adicionales en comisiones. Uno de ellos establece la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por tres senadores y tres diputados, cuya función será supervisar las contrataciones y la ejecución presupuestaria en el marco de la emergencia, con informes obligatorios cada sesenta días. Otro artículo señala que el análisis de legalidad de estos actos recaerá en el Tribunal de Cuentas, que deberá realizar este control en un plazo máximo de diez días, aunque este plazo no condiciona la ejecución del acto.

El debate en Diputados evidenció posturas diversas. Mientras que 31 legisladores de Unidos y aliados votaron a favor, algunos justicialistas, como Alejandra Rodenas, decidieron diferenciarse de sus pares, argumentando la necesidad de abordar la emergencia debido a la creciente inseguridad en la provincia. Por su parte, Celia Arena anunció la decisión de su bloque de abstenerse, evidenciando que no consideran la reincorporación de personal retirado como una prioridad.

En este contexto, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Ximena García, sostuvo que este tipo de medidas son necesarias, especialmente luego de las reuniones que mantuvieron con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien expresó que no se insistiría en la emergencia por compras y contrataciones, ya que esas gestiones se pueden realizar dentro de los márgenes de la ley de Administración. El cierre del debate estuvo a cargo del socialista Rubén Galassi, quien respondió a varios cuestionamientos de la oposición.

La norma aprobada busca mantener la situación de 86 policías y un penitenciario que fueron reincorporados a raíz de esta emergencia. Sin embargo, desde el Frente Amplio para la Soberanía se criticó la falta de claridad respecto a las funciones de estos agentes, argumentando que "no saben cómo resolver el vínculo laboral con esos agentes", según afirmó Natalia Armas Belavi, quien junto a Juan Domingo Argañaraz votó en contra de la ley. Por otro lado, Amalia Granata (de Somos Vida) también pidió la abstención de su bloque, sumándose a un total de once abstenciones en la votación.

Finalmente, el expediente fue girado al Senado, donde se ratificó por unanimidad. Este proceso pone de relieve la complejidad del debate sobre la seguridad en Santa Fe, así como las distintas visiones sobre cómo abordar la crisis actual.