¡Inesperado! La UIF revela que Cristina Kirchner sería la cabecilla de una red millonaria: ¿Qué pasará ahora?

El juicio por las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, popularmente conocido como la Causa Cuadernos, llevó a cabo este jueves su séptima audiencia ante el Tribunal Oral Federal Número 7, que está compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Durante la jornada, se centró en la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que participa en el proceso como querellante.

La UIF, organismo antilavado dirigido por Paul Starc, adoptó una postura decidida en su acusación, señalando a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como el “principal artífice” de una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales durante su mandato. Según la querella, esta estructura delictiva operó entre 2008 y 2015 con un objetivo claro: establecer un sistema sostenido de recaudación de dinero ilegal “para enriquecerse ilegítimamente y financiar otros delitos”, aprovechando la posición de poder que detenían los funcionarios del Ejecutivo nacional.

Al igual que la fiscalía, la UIF sostiene que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron al frente de esta organización. La acusación detalla que el esquema funcionaba desde la cima del Estado, y que los fondos eran entregados alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en diversos domicilios. Entre las direcciones mencionadas para la recepción de dinero se encuentran Uruguay 1306 y Juncal 1411 en la Ciudad de Buenos Aires, además de la Residencia de Olivos y la Casa Rosada. Parte de este dinero se redistribuía o se utilizaba para realizar pagos a otros funcionarios.

La UIF fundamentó sus acusaciones en las declaraciones de arrepentidos, mencionando específicamente a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), y Ernesto Clarens, quienes afirmaron haber entregado dinero al fallecido secretario presidencial Daniel Muñoz en un departamento en las intersecciones de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta.

La UIF resaltó que los testimonios de los arrepentidos Uberti y Clarens “refuerzan la participación y el rol de liderazgo de la ex presidenta”, al indicar que Fernández de Kirchner impartía órdenes, asignaba funciones y decidía la continuidad o suspensión de las operaciones. También se citó la declaración del antiguo titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien describió una reactivación del esquema de recaudación a partir del año 2012, precisando que la operatoria se extendió hasta el final del segundo mandato de la ex mandataria. Clarens proporcionó detalles sobre las contribuciones de firmas como ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio, las cuales, según sus afirmaciones, estaban vinculadas a la financiación de campañas políticas entre 2012 y 2015.

La querella describió el esquema como un circuito “permanente, dinámico y aceitado”, que tenía como finalidad asegurar retornos ilícitos de las empresas contratistas del Estado. La imputación sostiene que, para acceder a obras públicas, concesiones viales o subsidios, las compañías debían entregar un porcentaje de los pagos estatales a funcionarios que actuaban como receptores designados.

En el requerimiento de elevación a juicio de la UIF, se incluyeron tramos de resoluciones anteriores que mencionan bolsos con dinero trasladados a domicilios de Recoleta, Olivos o la Casa Rosada y luego enviados a Río Gallegos, señalando que las evidencias apuntan a que el destino final de los fondos eran los ex presidentes. Sobre las responsabilidades individuales, la UIF insistió en que Cristina Fernández asumiera la jefatura de la asociación ilícita. La acusación sostiene que, tras la muerte de Néstor Kirchner, la ex presidenta se consolidó como la principal responsable de una estructura que mantuvo su funcionamiento a lo largo de los años, con el doble objetivo de enriquecimiento personal y financiamiento de otras actividades ilícitas.